Hace tres semanas publicamos en este mismo espacio una colaboración en la que advertíamos que los paros en escuelas y facultades de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) podían presentarse. Nos preguntábamos desde el día 10 de febrero qué tan preocupada debería estar la UAEMex y hoy, que iniciamos el mes de marzo hay, al menos, cuatro Facultades en paro, además de que en otros planteles (incluidas algunas preparatorias) ha emergido con gran fuerza el problema del acoso y hostigamiento sexual, derivando en suspensión parcial de actividades.
No era necesario contar con una bola de cristal para advertir lo que se podía venir. Sencillamente había que ver el entorno, los antecedentes y la inercia que llevaban, por un lado, la movilización y activismo de algunos grupos al interior de ciertos planteles y, por el otro, la imparable ola de acciones violentas contra las mujeres que se siguen sucediendo en nuestro país. En ese texto publicado –insisto- hace tres semanas, concluíamos diciendo que lo difícil no era tanto organizar paros y tomar instalaciones, sino encontrar la salida a esa situación. En escenarios así se radicalizan las posturas, se distancian los puntos de acuerdo, se llega a las descalificaciones, denostaciones y hasta el uso de la fuerza.
Hoy esa realidad nos ha alcanzado y tenemos un escenario en el que los grupos de estudiantes que decidieron tomar Facultades como Ciencias de la Conducta, Humanidades, Ciencias Políticas y Artes han entrado al muy complejo callejón de quien tiene una demanda justa pero sabe que es casi imposible que sea resuelta de manera definitiva. Se le presenta el desafío de decir ¿con qué se daría por satisfecho como para devolver las instalaciones? ¿Bastaría con un despido o dos, con el escarnio público a algunos actores, con el simple paso del tiempo o pedirán más?
La historia de movimientos estudiantiles de este tipo nos demuestra que hay un gran desgaste al pasar los días. Al cumplirse semanas de paro la gente (dentro y fuera de la institución) empieza a ver con sospecha la actitud de los activistas; se empieza a tacharles de intolerantes, intransigentes y se acusa cerrazón por no entregar las instalaciones y permitir la reanudación de los cursos. Eso es lo que ha ocurrido en varios otros movimientos similares e, inevitablemente, los temas estructurales que pudieran estar en el fondo del movimiento poco a poco van siendo opacados por los temas de la inmediatez: no hay clases, no hay servicios escolares, no hay trabajo, no hay paso, no hay limpieza.
Así es, por absurdo que parezca, lo que en un inicio arranca con la sacudida al sistema, termina por ser un asunto de lo feas que se ven las instalaciones tomadas, pintadas, con mantas y carteles. Así es de veleidosa la opinión pública. En un principio suele haber respaldo a las causas, pero con el paso de los días las mismas pasan a segundo término o hasta llegan a olvidarse y en no pocas ocasiones termina pareciendo sólo una confrontación por el poder de los inmuebles.
Insisto, eso es lo que ha ocurrido históricamente en otros casos. En el que tenemos en curso en nuestra universidad hay varias cosas que necesitan subrayarse para entender los posibles causes para las cosas. Lo primero que debe apuntarse es que los detonantes del movimiento han sido acciones concretas en contra de algunas mujeres que integran la comunidad universitaria, pero que son parte de una sociedad con serios problemas de injusticia e impunidad. Luego, tiene que advertirse que esos casos fueron tomados por varios actores para politizarlos (en el sentido de identificar un sistema de relaciones de poder en la base de esos episodios) y, a partir de ello, han buscado la interlocución de un sector mucho más amplio que las personas directamente afectadas (eso es lo que hace todo movimiento que aspira a crecer). Conseguidos esos interlocutores, incluyendo estudiantes, maestros, administrativos, padres de familia, amigos, etcétera, el tercer momento fue el de las asambleas en las que básicamente estudiantes decidieron tomar los planteles. En los casos de las escuelas y facultades que fueron tomadas, los sectores académico y administrativo poco o nada fueron tomados en cuenta. Otros espacios sí incluyeron a esos otros integrantes de la comunidad universitaria y el acuerdo fue no parar pero sí impulsar acciones para, procesualmente, transformar la manera de relacionarnos y convivir dentro de los espacios universitarios.
El cuarto aspecto a tomar en cuenta es que, ya iniciados los paros, aquellos actores protagónicos de estas acciones enfrentan la compleja situación de constreñirse a pedir solución a los casos concretos o ampliar el conjunto de demandas hasta aspectos estructurales. Esto último es muy difícil cambiarlo en unos cuantos días, en unas semanas o meses; y justo ahí es donde empieza lo complicado: ¿con qué podría darse por satisfecho el (o los) pliego(s) petitorios? Si se está apostando por un cambio “de fondo”, no es posible conformarse con la pírrica “vitoria” de un despido aquí, una sanción allá y unos carteles pegados en los inmuebles. Suena a “poco”. Porque si eso se consiguió sin tomar las instalaciones, ya que se tienen en posesión, ¿por qué no pedir cambio de Director, de Rector, de Plan de Estudios, etc.?
Desde el momento en que instalaciones públicas dejan de estar en control de las autoridades facultadas legalmente para su administración, el tema pasa a la arena de la opinión pública. Deja de ser materia para un tratamiento intrainstitucional y se muda al espacio siempre veleidoso de qué piensa el resto de la gente al respecto. Y al decir el resto de la gente estamos incluyendo a actores políticos, sociales, económicos, religiosos, entre otros. Es a ese escenario al que se llevan las cosas cuando se hacen denuncias, cuando se alza la voz, cuando se hacen señalamientos y se toman instalaciones públicas. Se vuelve un tema que queda al escrutinio de todos, deja de ser un asunto interno y por ello hay el riesgo de perder de vista la esencia del problema y enredarse en las implicaciones del mismo. Por ejemplo, los estudiantes que tienen tomados los planteles son ahora responsables de lo que ocurra ahí dentro (por lo que se llegue a perder, a deteriorar, a dañar: documentos, equipo, bienes, símbolos, etc.) pero también serán señalados por lo que impacta afuera: servicios que se suspenden, procesos que se detienen, intereses que se afectan.
Por su parte, la autoridad tiene ante sí el desafío de mostrarse con la capacidad de gobernar (en el sentido de llevar las riendas de algo) su comunidad y patrimonio. Si no logra que parte de dicha comunidad acate las reglas, respecte los espacios y a los demás integrantes de la misma, estará pronto siendo vista como poco útil. No serán pocas las tentaciones de actores ajenos a la vida universitaria para tratar de sacar provecho de una institución convulsa e inestable. No faltará quien se ofrezca como agente capaz de poner en orden las cosas e intente meter las manos. Ahí es en donde las causas justas y los posicionamientos axiológicos y éticos empiezan a estar en peligro ante intereses pragmáticos, partidistas y juicios superficiales y sumarios.
Como universitario esperaría que haya la capacidad y creatividad suficiente de parte de quienes han protagonizado esta “revuelta” estudiantil para hacer de la misma un instrumental que sirva para reconstituir los términos de la convivencia en la comunidad universitaria, articulándose con las autoridades de la institución para “sacudir” los viejos cánones de las relaciones al interior de la UAEMex y encontrar otros más contemporáneos, más frescos, más equitativos, salvaguardando siempre la autonomía para regirnos internamente.
