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De cada cien mujeres que tienen un parto en el Estado de México, 40 han sido víctimas de violencia obstétrica por parte de quienes las han atendido durante el alumbramiento. Prácticas invasivas, suministro identificado de medicamentos, retrasos en la atención médica; trato deshumanizado, discriminación y humillaciones son algunas manifestaciones de este tipo de agresiones hacia las mujeres.
En la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México se define la violencia obstétrica como daños o denigraciones que personal médico o administrativo comenten contra la mujer durante el embarazo, el parto, post parto o en emergencias obstétricas.
Esta ley también considera como violencia obstétrica “practicar el parto por vía cesárea, sin obtener consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer, no obstante de existir condiciones para el parto natural”. Pero la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 revela que de 3.7 millones de mujeres a quienes se les practicó cesárea, 10.3 por ciento no fue informada de la razón de esta operación y al 9.7 por ciento no le pidieron su autorización para realizarla.
Además, aunque la Organización Mundial de la Salud ha informado que las cesáreas pueden provocar “complicaciones y discapacidades significativas, a veces permanentes e incluso la muerte”, motivos por los cuales desalienta esta práctica quirúrgica y recomienda que las cesáreas no superen el 15 por ciento de los nacimientos anuales en un país, en México la tasa es de 42.8 por ciento.
La entidad mexiquense es una muestra del escenario a nivel nacional: de 2011 a 2016 por o menos 8.7 millones de mujeres tuvieron un parto y al menos el 33.4 por ciento de ellas sufrió algún tipo de violencia obstétrica. La Ciudad de México (39.2%), Tlaxcala (37.7%), Morelos (37.2%) y Querétaro (36.9%) son los estados donde más casos de agresiones durante el embarazo, en el parto y después de este se registran, de acuerdo con la ENDIREH 2016.
