En los últimos 10 años la presencia femenina en el ámbito de la política mexiquense creció significativamente. Al menos 37 mujeres ganaron en las urnas el cargo como diputadas locales y 39 como presidentas municipales; todavía no logran demostrar su fortaleza en el Poder Ejecutivo, Judicial y en varios órganos autónomos.
Aunque el gabinete podría ser el espacio donde podrían colocarse decenas de profesionistas, pues su nombramiento sólo depende del gobernador, esto no ha sido posible. De las 18 secretarías que integran el poder Ejecutivo de la entidad sólo cinco son ocupadas por mujeres.
Al lado del Ejecutivo estatal están Maribel Cervantes Guerrero, en Seguridad; en Trabajo, Martha Hilda González Calderón; en Desarrollo Agropecuario, Rocío Díaz Montoya; en Cultura, Marcela González Salas y en Turismo, Evelyn Osornio Jiménez. En el aspecto cualitativo se dio un brinco con la Secretaría de Seguridad, pero parece lejano pensar en una secretaria General de Gobierno. Históricamente nunca se ha logrado la equidad a nivel gubernamental.
Aunque varias mujeres lo han intentado y han salido a la calle a pedir votos todavía no se alcanza la gubernatura. La morenista Delfina Gómez es quien más cerca ha estado.
En la Legislatura local por primera vez se logró la paridad en la integración de curules, pero no en los cargos administrativos. La Contraloría, la Secretaría de Administración, Comunicación, el Instituto de Estudios Legislativos y Asuntos Parlamentarios están encabezados por hombres; sólo el Órgano Superior de Fiscalización tiene al frente, por primera vez en toda su historia, a una mujer.
En la Junta de Coordinación Política sucede lo mismo. Todos los grupos parlamentarios son dirigidos por varones, incluso aquellos donde hay mayoría femenina, como es el caso del PRD. La excepción es Encuentro Social, pero se trata de una bancada integrada por dos mujeres, es decir, no había otra posibilidad. Esto es fiel reflejo de lo que ocurre en los partidos políticos. El PAN, PRD, PT y Morena nunca han sido dirigidos por mujeres, a diferencia de Nueva Alianza, el Verde Ecologista y el Partido Revolucionario Institucional, que desde hace muchos años ha procurado fórmulas integradas por un hombre y una mujer. En el sol azteca el mayor espacio que ha podido ocupar una mujer es el de secretaria del partido.
A nivel legislativo y en las alcaldías el crecimiento fue a la fuerza. Mitad de candidaturas para cada sexo, garantizando que no fueran sólo a municipios y distritos de bajo perfil, sino aquellos con posibilidad de triunfo. Costó varios años perfeccionar la fórmula y gracias a ello creció la presencia femenina en la política.
El Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México muestra que en 2012 ellas ocupaban el 14.7% de los curules, en 2015 subió a 37.3% y en 2018 a 49.3%, con 37 legisladoras y 38 legisladores.
La calidad también se elevó, ya no presiden sólo las comisiones “light” sino también las más importantes, por ejemplo, Gobernación y Puntos Constitucionales. Además, han encabezado en más ocasiones las mesas directivas.
En los ayuntamientos también es relevante el crecimiento. En 2015 eran sólo 20 mujeres de 125 ediles, actualmente hay 39, un crecimiento de casi el 100% que se hace más notorio en las regidurías, al pasar de 593 a 680 y en el caso de sindicaturas de 113 bajó ligeramente a 93, pero siguen por encima de los varones que tienen 46 lugares.
De los órganos autónomos sólo a quienes la ley obliga han dado oportunidades reales a las mujeres. A la fecha no ha habido una rectora de la UAEM, aunque ésta es la administración con más mujeres como secretarias. Otro ejemplo se encuentra en la Comisión de Derechos Humanos, ya que sólo cuando se instaló su dirección fue ocupada por una mujer, Mireille Roccatti, desde entonces nadie más a ocupado el cargo, ni siquiera visitadoras.
El Tribunal de Justicia Administrativa nuevamente tiene a una mujer al frente. En el Instituto de Transparencia también está la segunda presidenta, pero en este caso, como en el del Comité de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal Anticorrupción, del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral, las instituciones están obligadas a tener equidad de género en los cargos.
Donde también se nota la falta de la presencia femenina es en el primer nivel de la Fiscalía General de Justicia, pese al número de abogadas que existe en la entidad.
Al mismo nivel se encuentra el Poder Judicial, ya que históricamente sólo ha sido presidido por varones, y también cuenta con un escaso número de mujeres ocupando los cargos de juezas y magistradas, pese a que ellas han demostrado tener el mismo nivel académico, o incluso más, que varios compañeros, es decir, las condiciones de competencia no siempre guardan equilibrio.
