El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Pedro Zamudio Godínez, consideró que aplazar cuatro meses el arranque del proceso electoral en la entidad no sólo es viable, sino que generaría un ahorro presupuestal a la entidad. Tan sólo por el funcionamiento de las 170 juntas electorales, renta de los inmuebles y salarios de los vocales se estarían ahorrando 25 millones de pesos mensuales, sin afectar ninguna actividad sustantiva del proceso electoral para renovar las alcaldías y el Congreso local en 2021.
Lo anterior evitaría un gasto de al menos 75 millones de pesos, porque las juntas normalmente se instalan en noviembre, pero se rentan un mes antes para equiparlas y garantizar toda la logística. En el caso de los vocales sus designaciones salen desde octubre y desde esa fecha deben pagarse sus salarios.
Luego de que el pleno legislativo turnó a comisiones una iniciativa de ley para modificar varios artículos del Código Electoral, con el fin de recorrer el arranque del proceso electoral de septiembre a enero, el titular del IEEM consideró que sólo faltaría acortar también el del proceso, para que no se prolongue mucho la operación de las juntas sin tener ya una función sustantiva.
Actualmente la ley establece que el proceso electoral culminará hasta que se cierre la última junta y esto será posible cuando los resultados queden firmes, por lo cual varias llegan hasta el mes de noviembre o diciembre, cuando se concluye la revisión de toda la cadena impugnativa.
El consejero subrayó que hace años el proceso arrancaba en enero, pero cuando la fecha de la jornada electoral se pasó de julio a junio se adelantó el arranque. Sin embargo, el modelo utilizado en 2015 y 2018 les ha demostrado que no habría problema con arrancar en enero del año de la elección.
“Me parece que es una iniciativa muy razonable. Antes de la reforma del 2014, el proceso empezaba en enero, aun cuando teníamos actividades de capacitación y otras en el año previo. No conozco a detalle la iniciativa, pero de manera general no nos complica la parte operativa”, indicó.
Esto no impacta ni modifica ninguna fecha, porque las precampañas y campañas, así como el registro de candidatos, plataformas y otros requisitos no están amarrados al arranque del proceso, sino a la fecha de la jornada electoral, además operan con un calendario unificado y aprobado por el INE.
“No lo veo complicado, incluso lo veo bien. Ya hicimos el ajuste conforme a lo programado, porque mandamos la propuesta presupuestal y ésta fue modificada y reducida de manera importante por el Ejecutivo antes de entregarla al Legislativo. Eso nos obligó a hacer ajustes, posponer actividades aun sin cambio legal, pero con eso estaremos en mejores condiciones para operar”, explicó.
Este año se quedaron 338 millones debajo de lo esperado y por ello tuvieron que modificar su programa anual de actividades y dejar fuera varios trabajos programados, entre ellos, igual que lo hizo el INE, dejar para enero la instalación de los órganos desconcentrados y aplazar la contratación de personal hasta el siguiente año.
La iniciativa de la diputada Karina Labastida Sotelo establece que a partir de la ampliación del proceso electoral las erogaciones del instituto se han elevado y que la operación de las juntas municipales requiere de 750 vocales y 270 para las distritales, con salarios que van desde los 30 mil hasta los 40 mil 751 pesos, entre otros gastos que se dejarían de hacer este año, en el cual le recortaron los recursos al órgano electoral.
