Además de que el Estado mexicano no dio prioridad a la asignación de recursos para la protección a periodistas, la mayoría de las denuncias presentadas por delitos contra la libertad de expresión presentadas entre 2013 y 2018 no fueron consignadas. Las auditorías al sistema de protección a periodistas, hechas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), exhiben que en 2018 las autoridades ejercieron 736 millones de pesos, una cantidad inferior en 406.1 millones al monto aprobado para ese año.
Además, aún cuando la Secretaría de Gobernación, en el marco del mecanismo de protección para periodistas, firmó 25 convenios de cooperación con las entidades sólo Veracruz cumplió con sus acuerdos, de acuerdo con el informe de fiscalización de la Cuenta Pública 2018.
El informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela deficiencias en el mecanismo, pues apenas hubo una reparación del daño a un periodista y de cada 10 denuncias por delitos contra la libertad de expresión, en 7 los Ministerios Públicos no determinaron si existió o no delito.
Ese documento arroja que los miembros de la junta de gobierno carecieron de elementos para sustentar sus decisiones sobre la aprobación de planes de protección y los servidores públicos de la SEGOB, la CNDH y la PGR que asistieron a las sesiones para deliberar no cumplían los requisitos, ni las atribuciones que pide la norma.
La ASF constató que el Estado mexicano no ha dado prioridad a la asignación de recursos orientados a la protección a periodistas, pues en 2018 se ejercieron 736 millones de pesos, un 35.5% menos de lo aprobado. La revisión muestra que el mecanismo de protección recibió 278 solicitudes de incorporación, de las cuales 65 solicitudes fueron aceptadas, es decir, el 23.4% y 213 rechazadas: un 76.6%, sin justificar las causas.
En cuanto a la oportunidad en la atención de los 23 casos considerados de riesgo el 73.9% esto es, en 17 casos las medidas urgentes de protección fueron otorgadas con oportunidad, pero en el 26.1% de los casos, es decir en 6, fueron fuera del tiempo establecido por la ley.
Además, 24 de 69 casos fueron enviados a evaluación de forma oportuna y 45 tardaron en evaluarse 23 días.
Otros 9 casos, un 13%, fueron evaluados en el plazo establecido por la ley, que marca 10 días, y el resto, o sea 60, tardaron en promedio 73 días para contar con una propuesta de medida de protección.
En el periodo entre 2013 y 2018 la demanda de atención de periodistas al mecanismo de protección y su permanencia se incrementó, pues de 80 incorporados, en 2013, se pasó a 110, en 2018, en tanto, los periodistas que se mantuvieron protegidos pasaron de 80 en 2013, a 382 en 2018.
En ese periodo debieron salir del mecanismo 220 periodistas de los 549 que se incorporaron, pero el mecanismo de protección no contó con criterios ni con procedimientos aprobados por la junta de gobierno para determinar si algún comunicador se encontraba en condiciones de abandonarlo
Otros datos arrojados por la ASF son que de 2013 a 2018 la CNDH recibió 586 quejas por violaciones a derechos humanos de periodistas, de las cuales determinó presuntas violaciones en 274 casos y hubo 6 recomendaciones, pero en el 82.8% de los casos no se acreditó la violación de los derechos de los periodistas.
En el mismo periodo se atendió a 312 periodistas por parte de la comisión de víctimas a los que les otorgaron 451 servicios pero sólo le repararon el daño a un periodista, lo que significa el 0.3% de los 312 atendidos y el 2.8% de los 35 analizados por el mecanismo de protección, a quien le otorgaron 2.2 millones de pesos, lo que representó apenas el 0.5% de los 397.6 millones destinados a la reparación del daño.
En el tema de procuración de justicia en 2018 hubo 118 averiguaciones previas para trámite en materia de delitos cometidos contra la libertad de expresión de periodistas de las cuales el 30.5% o sea 36 fueron determinadas y de ellas 18 fueron consignadas ante los órganos jurisdiccionales.
El 69.5% de las averiguaciones quedó pendiente y de cada 10 averiguaciones, en 7 los Ministerios Públicos no determinaron si existió o no delito.
