Deudores alimentarios y agresores de mujeres podrían dejar de ocupar cargos públicos

La iniciativa parte del hecho de que la violencia contra las mujeres ha incrementado 200%
30 julio, 2020

La bancada de Morena propuso establecer el 3 de 3 contra la violencia de género en el Estado de México, al prohibir en la ley que deudores alimentarios, acosadores sexuales y agresores de mujeres puedan ocupar cargos públicos, ni de elección popular.

La iniciativa contempla reformas a varias normatividades para precisar que ninguna persona con esos antecedentes puede ser candidato, ni servidor público en la entidad.

Ese planteamiento fue hecho por la organización Las Constituyentes Feministas, quienes en marzo de este año acudieron a la Legislatura mexiquense a pedir que se legisle sobre ese tema, y emprendieron una campaña nacional para pedir a todos los congresos locales impulsar ese 3 de 3 contra la violencia.

El propio diputado de Morena, Gabriel Gutiérrez Cureño, autor de la propuesta, refirió que la iniciativa es de esa organización y ellos la retoman y plantean esas exigencias en la ley porque tantos servidores públicos, como representantes populares deben respetar a las mujeres.

La propuesta establece claramente que nadie podría ocupar cargos en la administración pública, ni tampoco ser candidatos, ni tener espacios de representación popular, como los de diputados o integrantes de ayuntamientos, en caso de que tengan antecedentes de deudores alimentarios, acosadores o agresores.

La reforma incluye precisar esos requisitos para quienes busquen ser gobernador, diputados, integrantes de ayuntamientos, magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, integrantes de ayuntamientos, titulares de todas las dependencias, organismos y entidades del Poder Ejecutivo.

También para ser fiscal general de justicia, integrantes de las instituciones de seguridad pública, director del Instituto de la Defensoría Pública, defensores públicos, consejeros electorales, magistrados electorales, contralores y comisionados de transparencia.

En la exposición de motivos el diputado explicó que en el Estado de México la violencia contra las mujeres es alarmante y ha tenido un incremento superior al 200%, donde las víctimas son principalmente mujeres de 11 a 40 años y más del 50% de los casos han quedado impunes por no denunciar, o por indiferencia de los servidores públicos encargados de dar seguimiento a los casos.

Además, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero del 2015 a marzo del 2020 se iniciaron 35 mil 558 carpetas de investigación por el delito de violencia familiar en la entidad mexiquense, y durante el confinamiento unas mil 113 llamadas de consulta por violencia fueron hechas al Consejo Estatal de la mujer.

Otras iniciativas

Durante la sesión de este jueves Morena también planteó reformas al Código Penal mexiquense para inhibir la venta de objetos y artículos robados como teléfonos celulares al prohibir su comercialización en lugares públicos como mercados y plazas y sancionar hasta con 7 años de prisión a quienes lo hagan.

El grupo parlamentario del PRI propuso reformas a la Ley Orgánica municipal para que los ayuntamientos pueden transmitir y difundir sus sesiones de cabildo a través de medios alternativos de comunicación, en tanto el PRD propuso una reforma al Código para la Biodiversidad, a fin de sumar el término hábitat sustentable.

El grupo parlamentario del PT planteó ajustes para que los gastos de titulación de estudiantes egresados de las universidades estatales sean financiados por las autoridades y María Luisa Mendoza del Partido Verde propuso reconocer el acceso universal al trabajo digno de todos los mexiquenses.

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