Los ajustes buscan cerrar el paso a la violencia política en contra de las mujeres y garantizar la paridad de género en todo el sector público.
Las comisiones legislativas aprobaron por unanimidad reformas constitucionales a cuatro leyes secundarias, con las cuales desde las elecciones del 2021 ni agresores, ni acosadores, ni deudores alimentarios podrán ser candidatos.
Los ajustes buscan cerrar el paso a la violencia política en contra de las mujeres y garantizar la paridad de género en todo el sector público.
Al final se unieron seis iniciativas de ley de las bancadas de Morena, PAN y PRD y se emitió un solo dictamen que será sometido a votación este jueves en el pleno, en el que, entre otros temas, se busca garantizar la paridad en todos los espacios públicos, impedir que violentadores consigan candidaturas y establecer mecanismos para hacer valer sus derechos.
En comisiones se votó el dictamen sin darle lectura, solo se fijaron posturas a favor y las legisladoras que tomaron la palabra precisaron que se incluyeron las seis iniciativas del tema, así como propuestas de los colectivos, magistradas, juezas, consejeras y víctimas, para integrar un ordenamiento de vanguardia, en el cual trabajaron durante varios días.
Se busca garantizar la paridad en todos los espacios públicos, impedir que violentadores consigan candidaturas y establecer mecanismos para hacer valer sus derechos
Sin temporalidad
Karina Labastida Sotelo, de Morena aclaró que no habrá temporalidad para aplicar la ley y quienes tengan sentencias ejecutoriadas por violencia de género, por delitos contra la libertad sexual, o sean deudores alimentarios no podrán ser candidatos nunca.
“No tengan mayor duda, en ningún momento se va a dar temporalidad de tres años y el padrón que hará la propia Fiscalía General de Justicia podrá ser consultado por el IEEM para aceptar o negar el registro de alguna candidatura”.
Quienes tengan sentencias ejecutoriadas por violencia de género, por delitos contra la libertad sexual, o sean deudores alimentarios no podrán ser candidatos nunca.
Algunos colectivos y víctimas de violencia de género alertaron la mañana de este miércoles que había una propuesta para fijar una temporalidad de tres años en los impedimentos, por lo cual Labastida aclaró que no se incluyó.
La presidenta de la comisión de Gobernación y Asuntos Constitucionales, Mercedes Colín Guadarrama, refirió que ante los cambios vertiginosos la legislación debe de ser de largo alcance, sin privilegiar a ningún género, trabajar por el pleno ejercicio de los hombres y las mujeres.
Entre los acuerdos está el replanteamiento de la definición de violencia política de género; extienden la paridad al Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y al Tribunal Electoral de la entidad; obligan a los partidos a promover la igualdad de oportunidades entre sus militantes; se elimina de la Constitución el lenguaje sexista; se introduce en diversos ordenamientos el principio de paridad de género y el lenguaje incluyente, entre otros.
Las diputadas del PAN, Morena y PRI, enfatizaron que es un gran logro para frenar la violencia de género o para dar elementos de defensa a quienes la sufran y garantías de atención.
Los trabajos se llevaron a cabo en las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y la Electoral y Desarrollo Democrático y para la Igualdad de Género.
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Las seis iniciativas fueron presentadas por las diputadas Karina Labastida Sotelo y Mariana Uribe Bernal, de Morena; así como por Brenda Escamilla Sámano, Karla Leticia Fiesco García, Ingrid Krasopani Schemelensky Castro y Anuar Azar Figueroa, del PAN; además de Araceli Casasola Salazar y Omar Ortega Álvarez del PRD.
Los ajustes son a la Constitución, a la Ley de Responsabilidades, el Código Electoral, La Ley para una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica de la Fiscalía de Justicia.
