Toluca, México; 22 de marzo de 2018. En el Día Internacional del Agua, un grupo de manifestantes del Frente Mazahua Desarrollo Sustentable del Cutzamala se manifestaron frente al Palacio de Gobierno del Estado de México, en la explanada de la Plaza de los Mártires en Toluca, para exigir a las autoridades mexiquenses el cese de la extracción de agua para canalizarla a la Ciudad de México.
Poco más de cincuenta manifestantes de la zona poniente del Estado de México, habitantes de regiones mazahuas de la entidad, se plantaron frente a las oficinas del Ejecutivo estatal y mostraron una maqueta del sistema de extracción de agua en sus comunidades para concientizar a los toluqueños sobre la forma de explotación de los mantos acuíferos mexiquenses.
En entrevista para AD, Manuel Araujo Gómora, representante de la organización, informó que las comunidades afectadas están en contra de la construcción de otra línea de distribución que realiza en la zona la Comisión Nacional del Agua con la finalidad de distribuir mayor cantidad de agua a la capital del país.
Ellos denuncian que la CONAGUA se concentra en la distribución a para las ciudades del centro, en especial la Ciudad de México; sin embargo, en las comunidades de la zona mazahua hay escasez del líquido, lo que afecta al consumo privado y el cultivo del campo mexiquense.
Los municipios del Estado de México más afectados son Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Villa de Allende y Villa Victoria. Los manifestantes indicaron que la extracción de 19 metros cúbicos por segundo colapsará los mantos freáticos de esas localidades, y repercutirá en la calidad de vida de los pobladores de la zona occidente de la entidad.
En este día en el que a nivel mundial se trata de hacer conciencia sobre la importancia del agua para la sobrevivencia del ser humano, es necesario traer a colación los graves problemas que enfrenta el país y el estado en materia de cuidado y su administración.
No es un secreto para la opinión pública los intentos por controlar y privatizar los mantos freáticos y las redes de suministro por parte del Estado.
El Partido Revolucionario Institucional redactó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua del Estado de México en el 2015, mediante la que se pretendía la municipalización de los pozos y sistemas de operación de los recursos acuíferos de las comunidades mexiquenses que se rigen por usos y costumbres. El proceso actualmente continúa.
El pasado mes de febrero, el diputado federal por el distrito 23 de Valle de Bravo, José Ignacio Pichardo Lechuga, redactó el proyecto de la Ley General de Aguas, con la cual la administración federal pretende otorgar concesiones a perpetuidad de los mantos acuíferos del país a empresas trasnacionales, a constructoras y compañías de bienes raíces.
La propuesta aún está en discusión en el Legislativo federal; sin embargo, la intención de la administración de Peña es aprobarla en “fast track”, al igual que ocurrió con la Ley de Seguridad Interior, la cual avala y regula la presencia del Ejército en labores de seguridad dentro del país.
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