El conflicto que generó el megaproyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, lleva muchos años, en los cuales se han sucedido litigios, amagos y amenazas contra quienes, siendo parte de la comunidad ñhatö de San Francisco Xochicuautla, pelean por preservar el Bosque Otomí-Mexica, el Santuario del Agua.
A poco más de un año en que los habitantes lograran frenar la obra, se cierne de nueva cuenta la amenaza de que los trabajos se reactiven, para lo cual, acusan que el gobierno estatal echa mano de todos sus recursos y operó para conformar un Comisariado de Bienes Comunales “a modo”, según explica Nicolás Ramírez, ex delegado de la comunidad y uno de los principales promotores para que se frenen en definitiva los trabajos.
El bosque Otomí-Mexica es el último reducto no urbanizado entre la Ciudad de México y Toluca. Quienes defienden su tierra hablan aún de costumbres que en su infancia aprendían de sus abuelos y abuelas.
Sin embargo, las acciones desarrolladas les hace pensar que esta Zona Natural Protegida y Patrimonio Ecológico del Estado de México, sucumbirá ante el proyecto carretero privado en el que se invertirán 5 mil 110 millones de pesos para conectar a la zona residencial de Santa Fe con el Aeropuerto Internacional de Toluca, sin importar que ello parta en dos las tierras ancestrales y los recintos sagrados.
Nicolás Ramírez, quien es integrante de la Asamblea de Comuneros de San Francisco Xochicuautla, expone que las autoridades mexiquenses, con apoyo de cientos de granaderos, dieron forma a la nueva intentona por destrabar el problema, al imponer una nueva mesa directiva vinculada al Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Ello lleva implícito el propósito de garantizar al Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa, la conclusión de la autopista.
“Durante una década nos hemos opuesto a la obra porque afectará los mantos acuíferos de nuestro bosque de agua; además nos oponemos porque quedaremos divididos y nosotros estamos acostumbrados a estar en el bosque”, señala en entrevista.
De acuerdo con lo expuesto por Nicolás Ramírez, la Asamblea General para designar al nuevo Comisariado de Bienes Comunales, fue convocada en forma irregular por el comisario saliente, Ángel Valdés Ramírez, en contubernio con el gobierno de Eruviel Ávila y el Grupo Higa, y que, al observar que acudían comuneros que se oponen al proyecto, desplegaron a la fuerza pública – alrededor de 600 granaderos -.
En lo que califica como “asamblea ilegal”, se designó a Francisco Alfaro Petra como nuevo presidente, mientras que Guadalupe García será el secretario y Francisco Morales Arroyo se desempeñará como tesorero.
“Hay vínculos de la nueva directiva con el PRI y con el gobierno estatal, y lo hacen así para facilitar el despojo de las tierras para la conclusión de la carretera”, explica.
Cabe mencionar que la forma en que se realizó la asamblea, violenta la suspensión definitiva de la obra ordenada por los amparos 1117/2015 y 1123/2015 y las medidas cautelares dictadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Nicolás Ramírez dio a conocer que han recurrido a diversas instancias nacionales e internacionales y expuso que, a pesar de las amenazas que siguen recibiendo, mantendrán su postura.
“Siempre he dicho que el gobierno se la juega, pero si estás en tu derecho, no hay miedo que te impida continuar”, puntualizó.
