Luego de semanas de intensos activismos políticos y días después del inicio de las campañas electorales por la gubernatura del Estado de México, el INE pidió a los gobiernos no coaccionar el voto con los programas sociales.
“Lo que subyace es la intención de aportar un factor adicional para evitar que las autoridades de las entidades con proceso electoral, y todas las autoridades del país, traten de coaccionar el ejercicio del sufragio, eviten el uso indebido de recursos públicos, así como manipular electoralmente los programas sociales a su alcance”.
La petición del INE -que se extiende a los estados de Coahuila, Nayarit y Veracruz, que también tienen procesos en marcha-, llega también después de acusaciones de partidos y actores de oposición, que advierten que en la entidad mexiquense es “escandaloso” el uso de recursos públicos para fines electorales.
Parte de modificaciones aprobadas por unanimidad en el INE, del acuerdo por el que “se establecen mecanismos para contribuir a evitar acciones que generen presión sobre el electorado, así como el uso indebido de programas sociales y la violación a los principios de equidad e imparcialidad, durante los Procesos Electorales Locales 2016-2017 en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz”.
Asimismo se desprenden de una propuesta del PAN, que tomó a su vez como base una reciente sentencia en la materia por parte de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que prohíbe la entrega de programas sociales en eventos masivos, ante la posibilidad de que ello afecte el principio de equidad, principalmente durante el periodo de campañas.
Cabe destacar que la última semana de marzo, la mayoría priísta en la Legislatura local, aprobó el ejercicio de 67 programas sociales de la entidad, durante el periodo de campañas electorales por la gubernatura.
Además, el PAN y Morena, promovieron también, antes del inicio del periodo proselitista, sendas denuncias ante la FEPADE, en contra de funcionarios del gobierno federal y estatal, a quienes se acusó de hacer uso de la entrega de beneficios sociales con fines electorales.
“A todos los funcionarios públicos involucrados en el desarrollo de programas sociales, de todas las fuerzas políticas gobernantes en el país a nivel federal y local, para que se conduzcan en el marco de la ley y eviten cometer conductas que vulneren la equidad en las elecciones. Y no lo dice el INE, lo dice la Constitución”, expresó el consejero presidente.
