El lunes inician formalmente las campañas electorales; sin embargo, en el largo trayecto para llegar al 3 de abril, la ciudadanía testificó una serie de hechos que ponen de relieve la manera en que se comportarán los partidos políticos.
En el camino, los intentos de cooptación no se hicieron esperar. No se trató de ganar la voluntad de los potenciales votantes con propuestas o promesas de mejorar la calidad de vida y su entorno. Fue, simple y llanamente la entrega de dinero.
De acuerdo con la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fepade), en el Estado de México y Veracruz – entidad que también tendrá elecciones – son donde más se presentan delitos electorales… o al menos donde más acusaciones se hacen al respecto.
El menú de delitos electorales que se presentan en el Estado de México es diverso, desde la compra de votos directa y sin intermediarios, hasta la coacción a subordinados, es decir, cuando la empresa o el patrón amenaza a sus empleados con despedirlos si no votan por el candidato que a él le agrade.
Pero además hay otro ingrediente: el condicionamiento de programas sociales, que en los últimos meses no solamente generó la indignación de los partidos políticos, sino la certeza de que la visita de miembros del gabinete federal tiene como único motivo dar dádivas para favorecer al candidato del PRI.
Ante ello, algunos de los delitos electorales que han sido denunciados ante la Fepade son graves, como la alteración del Registro Federal de Electores (RFE), la compra y coacción del voto, la coacción a subordinados, el peculado electoral (desvío de fondos públicos hacia campañas) y el condicionamiento de programas sociales.
De acuerdo con cifras del organismo en cita, en el Estado de México hay 127 indagatorias abiertas, las cuales han sido documentadas por los partidos opositores al PRI y algunos medios de comunicación.
En el grueso de quejas expuestas. el gobernador Eruviel Ávila Villegas y funcionarios de su gabinete y el federal – incluida la esposa del presidente -, aparecen entregando tinacos, estufas, casas y otros objetos… y se molesta cuando lo critican, cuando lo acusan, cuando lo exhiben.
De acuerdo con las normas electorales, la entrega de programas sociales está prohibida a partir de las campañas, pero el condicionamiento de los programas sociales a favor de un partido político, sí lo es si se coacciona o se amenaza a la ciudadanía para efecto de que voten por determinado instituto político o candidato.
El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) documentó que desde septiembre del 2016 el gobierno que encabeza Eruviel Ávila Villegas, ha realizado 55 actos públicos y repartido mil 186 tarjetas de débito Banorte por un total de 3 millones de pesos, mientras que su hija, Isis Ávila, desde su presidencia en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ha encabezado actos masivos en los que se regalan tarjetas “La Efectiva Liconsa” con montos que van de los 2 mil 750 a 3 mil pesos cada una, a cambio de una copia de la credencial de elector.
Pero es una parte, ya que, a cambio de las copias de credenciales de sus padres, Eruviel entregó 20 mil laptops a 5 mil estudiantes con promedio de 9.5 o más que habitan San Vicente Chicoloapan, Ixtapaluca, Chimalhuacán y Los Reyes.
También el Partido de la Revolución Democrática (PRD), denunció hace días al alcalde de Ecatepec, Indalecio Ríos, y al secretario de Salud estatal, César Nomar Gómez Borge, por realizar el martes 14 de marzo un reparto de seis mil tarjetas con dos mil pesos cada una a través del programa “Mujeres que logran en grande”.
Por su parte el Partido Acción Nacional (PAN) se fue contra el PRI al denunciar ante la Fepade que utiliza a su organización adherente, la Central Campesina Independiente (CCI) para dar herramientas de trabajo, fertilizantes y paquetes con alimento en Atlacomulco a cambio de una copia de la credencial para votar, y para sostener la querella, exhibieron como prueba un audio donde se escucha a la secretaria general de la CCI, Maricruz Cruz Morales, cuando afirma que “dígase lo que se diga, el dinero para comprar los diversos apoyos lo proporcionó el Presidente”.
El domingo 2 de abril, la autoridad electoral determinará si los candidatos cumplieron con los requisitos para tener dicha calidad y si los aspirantes ciudadanos podrán competir tras el cotejo de las firmas solicitadas.
Son trece los aspirantes a gobernar el Estado de México. Cuatro contienden por su partido y uno por la coalición de cinco institutos políticos.
De los llamados aspirantes ciudadanos, las dudas se generaron al conocer sus nombres. Al menos cuatro de ellos se presume cuentan con relación directa con el PRI y/o funcionarios estatales priístas.
Este es el escenario, donde hay dudas, cuestionamientos, denuncias y una ciudadanía que no cree en los dimes y diretes de los políticos y que, de acuerdo con sondeos que se han aplicado, se muestra reticente a votar.
