La Secretaría de Gobernación (Segob) distribuyó 6 mil 985.5 millones de pesos a las 32 entidades federativas del país, recursos aprobados por el Congreso mexicano que deberán usarse para apoyar el combate al crimen y fortalecer las corporaciones estatales de seguridad y justicia.
El Estado de México resultó el más beneficiado, quizá por los altos índices de inseguridad que se observan; sin embargo, la mala actuación de las autoridades mexiquense hace pensar en que lejos de ser un incentivo, el apoyo se destina para que mejore la eficiencia y eficacia de las corporaciones encargadas de la seguridad pública.
La entidad gobernada por Eruviel Ávila Villegas, recibirá este año 495.3 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) en el 2017, se establece en el Diario Oficial de la Federación, donde se expone que después de la entidad mexiquense se ubica la Ciudad de México, con 450.4 millones de pesos.
Chiapas recibirá 313.3 millones de pesos; Jalisco 309.9; Sonora, 301.4; Veracruz, 300.3; Baja California, 297.9; y Nuevo León, 281.2 millones.
Los estados que recibirán menos recursos del FASP son Michoacán, con 96.7 millones de pesos; Aguascalientes, con 109.9; y Tlaxcala, con 118.8.
Los criterios que usó la Segob para asignar los montos fueron los siguientes: población, combate a la delincuencia, control de confianza, información de seguridad, sistema penal y sistema penitenciario.
Cada estado deberá orientar los recursos a los llamados “Programas con Prioridad Nacional”, entre los que se encuentran la profesionalización policial y el desarrollo de las ciencias forenses, además de la adquisición de nuevas tecnologías, consolidación del sistema acusatorio, además del desarrollo del sistema de atención de llamadas de emergencia (911) y la prevención del delito.
El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 se aprobó siete mil millones de pesos para el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, de los cuales cero punto uno por ciento (equivalente a siete millones de pesos) serán transferidos a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para efectos de fiscalización de dichos recursos y cero punto cero cinco por ciento (equivalentes a tres millones quinientos mil pesos) serán transferidos al mecanismo de evaluación del desempeño que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El resto de los recursos equivalentes a seis mil novecientos ochenta y nueve millones quinientos mil pesos se distribuyen entre cada una de las treinta y dos entidades federativas.
