Las historias que se cuentan sobre los negocios que hacen Arturo Peña, Felipe Casahonda y Mauricio Góngora son francamente perturbadoras; una de ellas relata que el trío habría integrado, con otros socios, un fondo de inversión con un capital de 2 mil millones de pesos, parte del cual han gastado en la compra de un equipo de béisbol en Chihuahua. Quizá a muchos no digan nada esos datos, pero si los leen desde la perspectiva de que Arturo es hermano del expresidente Peña, Felipe su cuñado, y Mauricio uno de sus compañeros de golf favoritos, tal vez se comprenda.
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El esquema de financiación ilegal con dinero negro, que llevó a Enrique Peña a la presidencia de la república fue antes probado y afinado por Luis Videgaray en la campaña que dirigió para sentar a Eruviel Ávila en 2011 en la gubernatura del Estado de México. Usaron recursos públicos extraídos de la secretaría de Finanzas, que el propio Videgaray controlaba, y fondos entregados vía sobornos por OHL y Odebrecht. El asunto es bien sabido y está documentado en alguna medida. El propio titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, lo ha comentado y lo menciona en su libro “Sin filias ni fobias: memorias de un fiscal incómodo”, de la editorial Grijalbo. El propio líder del Senado, Ricardo Monreal lo ha denunciado sin mucho éxito, al igual que el exconsejero del IFE –hoy INE–, Alfredo Figueroa. Las confesiones del Emilio Loyoza, que también sabe de esas cuitas, podrían colocar ese escabroso tema en la agenda pública de la discusión. Ojalá.
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A propósito de Luis Videgaray, el petulante neoliberal que alguna vez tuvo en su puño, primero al Estado de México y después al país entero, pasará su cumpleaños 52, el próximo 10 de agosto, autoexiliado en Estados Unidos, repudiado en México y acabado políticamente, imputado en el expediente Lozoya-Peña-Odebrecht como un criminal de cuello blanco. Directo al cesto de la basura de la historia.
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La lista de ocho aspirantes visibles a la rectoría de la UAEMex publicada en la columneja la semana pasada ha crecido a 10. Por iniciativa de lectores mejor informados y más considerados, habría que incorporar a Marco Cienfuegos Terrón, director de la facultad de Ciencias Políticas, y al académico Ricardo Joya, exsecretario de Extensión y Vinculación, uno muy cercano al exrector José Martínez y el otro a la diputada Ana Lilia Herrera y al excomunicador de Enrique Peña, David López. Ambos bien patrocinados.
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Las cosas en el gobierno de Toluca se siguen poniendo muy feas. Ahora resulta que se ha documentado cómo el alcalde en funciones ha armado una estructura de operación electoral financiada con recursos públicos. Es un verdadero escándalo que terminará por fraccionar al grupo que tome el poder en la capital a través de Morena.
