La LX (60) Legislatura del Estado de México, integrada por los 75 diputados –representantes legales del pueblo– en quienes reside la potestad de hacer y reformar las leyes, ha entrado en el último año de su ejercicio, de los 3 para que fue designada, sin lograr todavía trascender, como se esperaba de ella, al ser formada mayoritariamente por mujeres y hombres de izquierda y de partido distinto al PRI, que ha controlado los destinos del estado durante más de 80 años consecutivos. Las diferencias entre esta y las anteriores legislaturas han sido apenas matices. No ha podido –o querido– constituirse en palanca del cambio del régimen. Morena está dejando ir una oportunidad histórica inigualable para terminar con el pacto de impunidad, combatir a fondo la corrupción, la injusticia y democratizar las instituciones del estado.
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El diputado Maurilio Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena –mayoritario con 38 de los 75 diputados– logró ser electo por tercer año consecutivo presidente de la Junta de Coordinación de Coordinación Política –máximo órgano de gobierno interno del Poder Legislativo–, todos los presentes votaron por él, nadie se le opuso ni cuestionó, gran mérito sin duda. Maurilio ha sido conciliador, paciente y, podría decirse que algunos casos, hasta condescendiente. Ha privilegiado el diálogo y la concertación con las otras fuerzas, a quienes ha evitado someter por la fuerza de la mayoría que le respalda, pero como líder de una fuerza progresista en ejercicio del poder ha quedado a deber en cumplimiento de la agenda social. La distribución de la riqueza no ha mejorado, el acceso a la justicia, la educación, servicios de salud, tampoco. Sí, ha habido avances, pero se ha quedado corto.
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Indudablemente Maurilio estará el próximo año en condiciones de reelegirse y seguramente lo hará. Ganaría, sin duda, la elección en su distrito. También tendría la fuerza al interior de su partido para mantenerse como coordinador parlamentario y, si mantienen la mayoría, sostenerse en la Junta de Coordinación Política. Eso le daría otros 3 años, suficientes para cumplir con el cambio. No habría excusas.
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Vaya papelón de la Fiscalía de Justicia y del Poder Judicial en el caso Roxana. Acusaron a una mujer de homicidio, la metieron a la cárcel y la exhibieron mediáticamente, sin tener pruebas en su contra. El ministerio público, la policía de investigación y la jueza que obsequió la orden de aprehensión en su contra han quedado como una terna de incompetentes y abusivos, posiblemente hasta corruptos. Ejemplifica en buena medida cómo funciona nuestro sistema de justicia. Como Roxana hay miles.
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No debería tomarse a broma, ni para el chacoteo, el entuerto litigioso en que está metido el gobierno de Toluca y que ha derivado en el proceso de embargo del Cosmovitral y del terreno de la plaza Ángel María Garibay, en el corazón de la ciudad. El asunto tiene una alta carga simbólica. Poner en garantía por una deuda ambos bienes públicos, describe de cuerpo entero los perfiles de quienes nos gobiernan en la capital y lleva obligadamente a cuestionarnos ¿en qué manos hemos puesto la administración pública? María Elena Barrera, Fernando Zamora y Juan Rodolfo deben ser llamados a cuentas claras. Ya basta de tanta sandez.
