El ingreso mensual promedio de los 7.8 millones de personas ocupadas en el Estado de México, es de 6 mil 150 pesos. Apenas 205 pesos al día para pagar comida, renta, transporte, educación y vestido. Son precisamente ellos quienes más sufrirán con la ralentización económica y el aislamiento forzoso por la epidemia de coronavirus. La estrategia de ayuda del gobierno estatal debe enfocarse en ese estamento mayoritario.
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Desde el mes pasado, la tasa de desempleo tenía un comportamiento ascendente, con 4.6 puntos cerró febrero, según la medición oficial de la propia secretaria de Trabajo del gobierno federal. Muy alta, comparada con la media nacional de 3.6%. Más de 400 mil personas desocupadas. Eso no es lo más grave, sino lo que viene, la crisis podría dejar sin trabajo a decenas de miles de personas, hay quien opina que podrían llegar a ser 100 mil o más. La tasa podría llegar hasta 8.9%. El panorama es muy sombrío.
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Rápidamente el gobernador enmendó la falla y recuperó el buen camino, pues regresó a ponerse al frente de la comunicación pública respecto a la estrategia para afrontar la crisis sanitaria y la crisis económica. Reapareció luego de una ausencia de 4 días. Si algo no puede hacer en estos momentos Alfredo del Mazo es dudar, menos fallar.
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No es lo mismo un infarto que un derrame cerebral. A Ruiz Esparza le dio, para su fortuna, sólo un leve infarto. Está siendo atendido por los mejores médicos en un hospital privado, caro, pero muy bueno, el ABC. Está estable y el pronóstico es muy optimista. Es muy probable que el exsecretario de Comunicaciones, y quizá uno de los peñistas con más señalamientos de corrupción, pronto regrese por su propio pie a cualquiera de sus muchas propiedades en la Ciudad de México, también, quizá, a responder ante la justicia por las acusaciones en su contra.
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Si se revisaran las adquisiciones que realizó, en los últimos 8 años, el Instituto de Salud del Estado de México se encontrarían los apellidos de muchos juniors de la política, quienes se enriquecieron hasta la locura con la proveeduría de bienes y servicios a sobreprecios, a través de empresas comercializadoras hechas exprofeso para el saqueo. No tenían llenadera, llegaron a cobrar hasta 25 millones de pesos por botiquines con curitas, mertiolate, aspirinas y alcohol.
