La última semana de marzo, ya bien entrados en la contingencia por la pandemia de coronavirus, la dirección de Recursos Materiales, que encabeza Hiroshi Gorozpe Tanamachi, asignó a “La Cosmopolitana” y “Productos Berel”, ambas empresas del Corporativo Kosmos —de los hermanos Jorge y Elías Landsmanas Dymensztejn—, el contrato abierto por 2 mil 105 millones de pesos por la venta de 3 millones 762 mil despensas o paquetes alimentarios para los programas “Familias Fuertes Apoyo a Personas Adultas Mayores”, “Familias Fuertes Canastas Edomex”, “Familias Fuertes Niñas Indígenas” y “Alimentación y Nutrición Familiar”, que serán distribuidos durante este año por el DIF, la Secretaría de Desarrollo Social, el Consejo Estatal de la Mujer y el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas. El proceso de contratación fue mediante una licitación pública en la que no hubo más postores que los ganadores. Hasta hoy, nadie había hecho públicamente un solo comentario sobre el tema, a pesar del volumen de la compra, un negocio de verdaderas ligas mayores.
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Cuando se escucha la retahíla de disparates y se observa el estrambótico comportamiento de otros gobernadores, por ejemplo, Jaime Rodríguez, de Nuevo León, o Enrique Alfaro, de Jalisco, cambia la perspectiva sobre Alfredo del Mazo, quien en esta crisis ha actuado con altura de miras, con un desempeño más que aceptable, aunque sus adversarios políticos y malquerientes vean otras cosas.
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Los salarios en el sector público de la salud no son los mejores en el mercado. Podría decirse que, en lo general, son precarios. En promedio un médico recibe menos de 16 mil pesos, una enfermera menos de 9 mil y una trabajadora social alrededor de 5 mil. Sólo la élite de la alta burocracia gana muy, pero muy bien. Los “jefes” administrativos se pagan 50, 70 y 80 mil pesos o más. Además de tener vehículos para uso personal, choferes, secretarias y auxiliares. Así es desde hace décadas, no es algo nuevo ni atribuible a la actual administración. Esto debería cambiar, por lo menos compensarse en la actual emergencia, donde miles de esos trabajadores sanitarios arriesgan su vida. Hoy ser médico, enfermera o camillero es tanto o más peligroso que ser marino, soldado o policía.
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En esta coyuntura, en Palacio Nacional se trazan las políticas públicas y en la Casa Estado de México se ejecuta la gestión pública. Así es la sintonía entre los gobiernos federal y estatal, sin complejos ni falsos debates de soberanía. La politiquería la hacen otros en otros estados.
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Los grandes olvidados de esta crisis son los productores rurales. No ha habido una sola palabra en el discurso público que se refiera directamente a las vicisitudes que también viven miles de campesinos, jornaleros y pequeños y medianos productores agrícolas. ¿Dónde está metida la secretaria de Desarrollo Agropecuario?
