Aunque la memoria histórica a veces falla, en México el Estado ha sido responsable de diversos crímenes que permanecen en la impunidad: la masacre del 2 de octubre en Tlatelolco es una de ellas, de las más dolorosas.
Han pasado 52 años desde que, en una manifestación convocada en la Plaza de las Tres Culturas –según el “Resumen de los acontecimientos en la Plaza de las 3 Culturas– “los tanques del Ejército tomaron posiciones de combate […] y dirigieron sus ametralladoras al edificio citado (el Chihuahua). Sin que se haya logrado saber quién dio la orden de hacer fuego, los soldados abrieron fuego de ametralladoras desde los tanques, cubriendo todos los pisos con sus proyectiles”.
La conformación del Consejo Nacional de Huelga, un movimiento estudiantil que crecía unido a un proceso de organización también de otros sectores y clases sociales, fue considerado un peligro para el Estado, entonces representado por Gustavo Díaz Ordaz, quien con apoyo de Luis Echeverría, secretario de gobernación, fraguó la represión y “destrucción” de este movimiento.
Una apretada síntesis
La exagerada violencia asumida por grupos policiacos durante una reyerta entre estudiantes preparatorianos detonó parte de los acontecimientos; la solicitud de Echeverría para que las fuerzas armadas intervinieran en esta pelea y la culpabilización de militantes de las juventudes comunistas fue determinando lo que acabaría en la masacre del 2 de octubre.
En agosto, una enorme manifestación en la Plaza de la Constitución solicitó diálogo público con Díaz Ordaz. Esa madrugada, 3 mil estudiantes fueron desalojados con tanques por integrantes del ejército. Al día siguiente los tanques buscaron disgregar a los contingentes de estudiantes, mientras francotiradores apostados en edificios cercanos, incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispararon contra los muchachos.
Las olimpiadas estaban por llevarse a cabo, se realizaron diversos ataques a estudiantes de las vocacionales por parte de sujetos vestidos de civil; en septiembre, el ejército entró a Ciudad Universitaria y detuvo a cientos de jóvenes; el día 23 de ese mismo mes, los soldados ocuparon el Casco de Santo Tomás, del Politécnico, también tomaron detenidos.
En agosto, una enorme manifestación en la Plaza de la Constitución solicitó diálogo público con Díaz Ordaz. Esa madrugada, 3 mil estudiantes fueron desalojados con tanques por integrantes del ejército. Al día siguiente los tanques buscaron disgregar a los contingentes de estudiantes, mientras francotiradores apostados en edificios cercanos, incluso desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispararon contra los muchachos.
En julio de 2007, un juez federal determinó “que sí hubo un genocidio planeado y ejecutado por el gobierno, pero que no quedaban responsables de los hechos” debido a que al momento de la detención de Echeverría «no había ninguna prueba» que lo inculpara como responsable de la masacre
Las olimpiadas estaban por llevarse a cabo, se realizaron diversos ataques a estudiantes de las vocacionales por parte de sujetos vestidos de civil; en septiembre, el ejército entró a Ciudad Universitaria y detuvo a cientos de jóvenes; el día 23 de ese mismo mes, los soldados ocuparon el Casco de Santo Tomás, del Politécnico, también tomaron detenidos.
Luego de los abusos, la ocupación de la universidad y su consecuente violación a la autonomía, la creación del Batallón Olimpia, las acusaciones de que el movimiento estaba manipulado por grupos de izquierda con injerencia comunista, un mitin convocado para el dos de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco culminó en el asesinato indiscriminado de cientos de jóvenes, cuyos cuerpos fueron recogidos al día siguiente por militares y bomberos.
¿Qué pasó después?
Las Olimpiadas se llevaron a cabo y el asunto se ocultó con más represión, se dieron también casos de desapariciones forzadas, torturas y asesinatos; desde el gobierno se glorificó la acción y un silencio, sobre amenaza de muerte, cubrió el caso.
Han pasado 50 años, desde entonces personas involucradas y colectivos han exigido conocer la verdad, sin embargo desde entonces y hasta muy recientemente, los archivos fueron clasificados. En 2018, “Mercedes de Vega, directora del Archivo General de la Nación, aseguró que la Ley Federal de Archivos vigente establecía una reserva de 70 años para información considerada como confidencial y que sólo permite liberar la información en versiones públicas que deben ser previamente revisadas para ser testadas”.
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Meses más tarde, en 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó hacer pública la información del Archivo General de la Nación sobre el movimiento del 1968, esto es: expedientes, fotografías, grabaciones y documentos que, consideró el INAI “podrían permitir la reconstrucción de los hechos, así como distintos procesos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación del daño”.
Sin castigo a los culpables
En diciembre de 2006, luego de varios procesos complicados, se emitió la resolución judicial 344/2006 para enjuiciar a Luis Echeverría –Díaz Ordaz ha muerto ya– por el delito de genocidio: la sentencia señaló a Echeverría como el concebidor y planeador, de manera intencional, de «diluir en su totalidad» al CNH, más tarde –también luego de una auto de libertad– se dio la orden de aprehensión. No obstante, el delito de genocidio prescribe a los 30 años, Echeverría, con entonces 85 años, permaneció en prisión domiciliaria.
En julio de 2007, un juez federal determinó “que sí hubo un genocidio planeado y ejecutado por el gobierno, pero que no quedaban responsables de los hechos” debido a que al momento de la detención de Echeverría «no había ninguna prueba» que lo inculpara como responsable de la masacre. Según información contenida en Expansión Política. El Comité 68 mencionó que Echeverría no quedó exonerado, “sino que le fue otorgado un auto de libertad bajo reservas de ley, es decir, una libertad condicional y provisional. Además, señaló que el Poder Judicial ha negado a las víctimas intervenir en el expediente, por lo que no pudieron impugnar la resolución”.
En 2018, el Comité 68 solicitó a Andrés Manuel López Obrador reabrir la fiscalía del pasado o crear una fiscalía especial, petición que este 52 aniversario se repite. Además, en el pronunciamiento de este 2020 mencionan que Echeverría no está exonerado, que el proceso penal sólo llegó hasta la formulación del auto de formal prisión, no hubo juicio ni se le dictó sentencia absolutoria, pero que “la causa penal en contra del expresidente Luis Echeverría Álvarez no ha concluido, sigue abierta la Averiguación Previa A. P. SIEDF/262/07 […] pero el MP no ha realizado las diligencias de investigación ni estudia los elementos probatorios”.
En busca de justicia
Poco a poco, más por interés de artistas, activistas, familiares de participantes, del caso se han conocido algunas claves, la revisión de documentos, investigaciones, producciones del Canal 6 de julio, han mostrado algunos hechos: el grupo paramilitar denominado Batallón Olimpia tenía el encargo de acabar con el movimiento, el ejército disparó indiscriminadamente sobre la multitud, muchos muchachos fueron detenidos en el campo militar número 1, decenas de estudiantes fueron desaparecidos; militares del Batallón Olimpia tomaron algunos departamentos de Tlatelolco antes del 2 de octubre con la orden de detener a líderes del movimiento estudiantil.
El Batallón Olimpia
Según información contenida en Tlatelolco, las claves de la masacre, este grupo paramilitar fue creado específicamente para neutralizar el movimiento y estuvo bajo las órdenes de Carlos Humberto Bermudez, del Estado Mayor Presidencial. También fueron ellos quienes procuraban armar al movimiento como una medida de provocación.
Marcelino García Barragán y el Ejército
Muchos mandos militares participaron en la masacre del 68 y el titular de la Vigésima Segunda Zona Militar, en Toluca, Estado de México –del 1 de octubre de 1961 al 30 de noviembre de 1964– Marcelino García Barragán ejerció la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el periodo de Díaz Ordaz, el padre de Javier García Paniagua y abuelo de Omar García Harfuch, habría permitido que fuerzas norteamericanas adiestaran a integrantes del ejército mexicano en técnicas de contrainsurgencia.
Muchos de los militares involucrados en la masacre fueron ascendidos por su labor en el 68: Gutiérrez Oropeza, Héctor Careaga, Carlos Humberto Bermúdez, Miguel Nassar Haro –torturador de disidentes mexicanos en los 70 y 80–, Fernando Gutiérrez Barrios, así como otros integrantes del Batallón Olimpia, ocuparon cargos políticos, ninguno ha sido procesado por la masacre.
El 2 de octubre en Toluca
En el libro editado por el Centro Toluqueño de Escritores, 1968. Prohibido prohibir, de Abelardo Hernández Millán, se menciona que en Toluca también se impulsó la participación, aun antes de la represión del 2 de octubre.
Se menciona que el autor del libro y personajes como Julio Garduño Cervantes, Alejandro Ariceaga, Rodolfo Diazgonzález Vergara, Juan Salgado Vega, Moisés Plata Rojas, Samuel Morales Sales, Eugenio Núñez Ang, Roberto Gómez Collado, Juan Maccise, Ignacio Guadarrama, Everardo Hernández, Homero Macedonio Aguirre, Juan Aubert participaron en el movimiento al que también se unió la hoy Universidad de Chapingo y estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En una breve cronología Abelardo Hernández escribe que el 30 de julio entró en huelga la Escuela Técnica “Tierra y Libertad” de en Toluca; en ese mes se conformó también el Comité de Lucha por Libertades Democráticas, con los grupos culturales Ágora y Nigromante, el Grupo de Teatro Universitario y representantes de indígenas mazahuas.
Se realizaron mesas redondas y festivales de protesta frente a la Rectoría, participaron en alguno de ellos Leopoldo Flores y Luis Antonio García Reyes. Se asistió también a la manifestación del zócalo en el entonces Distrito Federal, en el desalojo violento estuvieron presentes, algunos de los mazahua estuvieron extraviados varios días.
Ya en agosto, en asambleas universitarias se acordó colocar crespones negros en la fachada de la UAEMex “en señal de duelo por la violación a la autonomía universitaria y luto por los numerosos estudiantes muertos hasta ese momento”. También asistieron a la manifestación silenciosa encabezadas por el rector de la UNAM Javier Barros Sierra.
Dos marchas se realizaron en Toluca, una de Rectoría a la Plaza Cívica y otra hasta la Concha Acústica, en la que elementos del ejército hicieron presencia, pero tras un diálogo con el entonces gobernador Luis Fernández Albarrán, la marcha pacífica fue permitida.
En el libro, Abelardo Hernández señala que luego de la masacre, en Toluca, se liberó orden de aprehensión contra tres de los dirigentes del movimiento estudiantil de Toluca y que luego, el movimiento, como en el resto del país, comenzó a desdibujarse.
