Sin claridad en cifras, ni razones válidas, el gobierno municipal de Toluca que encabeza Juan Rodolfo Sánchez Gómez despidió a cientos de trabajadores en el marco de un terrorismo laboral que ya es una constante en esta administración y estando en medio de la crisis sanitaria que se enfrenta por el covid-19, destacaron los regidores de este ayuntamiento, Marlet Rodea, Paola Jiménez y Arturo Chavarría, así como el jurista Cristóbal Coyote, al participar en el Conversatorio de AD Noticias.
Al abordar este tema, el abogado con experiencia en defender este tipo de casos, afirmó que en la administración municipal se vive un verdadero terrorismo laboral que va “más allá de cosas inauditas”, y destacó que mientras en el Bando Municipal de este año el término “derechos humanos” se utiliza en exceso, “parece ser que cuando se trata de despedir a las personas se les olvida que han violado derechos humanos”.
Coyote advirtió que tal situación debe revisarse, además de los conceptos económicos por despido injustificado, porque podría tener incluso hasta impacto internacional por el tema de la Reforma Laboral para la que México se está preparando. En ese contexto denunció que en las últimas semanas también han afectado los derechos humanos de los trabajadores que continúan dentro del gobierno municipal al recortarles su salario hasta en un 50 por ciento.
“¿Qué está violando la administración municipal en este momento? Esa reducción impide al trabajador un acceso digno a un salario, de entrada, artículo primero constitucional; segunda, hay una discriminación porque están haciéndolo si te cae bien, si te cae mal, por qué sí, por qué no. Eso es discriminatorio (…) y lo más grave es que como producto de la corrupción se despida a los trabajadores”. En este punto refirió como ejemplo el caso de un experto del área de Medio Ambiente que no aceptó participar en acciones de corrupción y que por ese motivo fue despedido.
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El consultor legal también afirmó que en los despidos injustificados sí tendrán una consecuencia legal: “a final de cuentas el Tribunal –de Conciliación y Arbitraje– en estricto derecho tendría que juzgar el caso en particular y con las pruebas y las aportaciones de las defensas que el ayuntamiento someta a su consideración. Desde luego va a venir un laudo que es la sentencia que va a determinar la situación jurídica de las partes y le va a dar la razón o al trabajador y servidor público, o va a eximir de la responsabilidad laboral, en este caso, al ayuntamiento”.
Los regidores por su parte coincidieron en señalar que, hasta el momento, no habían recibido notificación formal sobre el despido de los trabajadores. Tampoco se les ha informado exactamente cuántos empleados fueron separados de sus puestos en esta ocasión; si bien extraoficialmente se habla de 350 personas que laboraban directamente en la administración municipal a las que se suman más de 600 cadetes que fueron dados de baja.
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La décima regidora, Marlet Esthefanía Rodea Díaz, comentó que la falta de recursos y la reestructuración orgánica de la administración son los dos argumentos que han dado como pretexto las autoridades para haber tomado esa medida: “Se ha mencionado una reducción de más de dos mil 300 millones de pesos en el presupuesto municipal. Nuestro presupuesto aprobado en febrero es de 5 mil 934 millones de pesos, entonces dos mil 300 significan una gran cantidad, más del 30 por ciento de los ingresos, sin embargo, no tenemos la documentación oficial que avale esta disminución”.
Arturo Chavarría Sánchez, cuarto regidor, manifestó su desacuerdo con quienes acusan a los integrantes del cabildo toluqueño de haberle otorgado al alcalde un “cheque en blanco” al autorizarle el que pudiera determinar, sin ponerlo a consideración del cuerpo edilicio, los programas prioritarios y acciones extraordinarias necesarios para afrontar la emergencia sanitaria generada por el virus covid-19 y que requieran reasignar recursos presupuestarios de los aprobados en el Presupuesto de Ingresos y Egresos definitivo.
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Esta es la situación de la que presuntamente se aprovechó para recortar plazas: “Lo que se autorizó en ese momento fue única y exclusivamente darle autorización al presidente municipal para determinar esos programas y acciones, obviamente él tenía que tener esa facilidad ante las situaciones que ocurrían con respecto a la pandemia”, por lo que señaló que si le dio otra lectura a ese punto, es una cuestión que no avaló el cuerpo edilicio, sino que la idea era apoyar en la emergencia a los grupos sociales más vulnerables de manera inmediata.
En tanto, la décimo quinta regidora, Paola Jiménez Hernández, expresó su preocupación debido a que la medida afectó a madres solteras y personas en situación vulnerable, como el caso de adultos mayores que difícilmente podrán encontrar otro trabajo debido a su edad. Hernández consideró necesario recurrir a la tecnología para resolver este tipo de asuntos ya que no se sabe cuánto tiempo todavía tardará la pandemia y no se puede esperar a que esta concluya para atender estas demandas.
Pidió también a los servidores públicos afectados que no se preocupen por los tiempos que marca la ley para atender sus demandas: “todos aquellos que hayan sido dados de baja o despedidos durante el periodo de la pandemia, los 30 días que la ley faculta inician a partir del momento que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje vuelva a abrir sus puertas y opere físicamente en sus instalaciones”.
En ese contexto, el abogado Cristóbal Coyote destacó que la justicia laboral es lenta, pero siempre llega.
