La inauguración de la autopista Toluca-Naucalpan fue anunciada este 21 de Octubre por parte del gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza.
La autopista promovida desde el gobierno de Arturo Montiel, y concesionada por el exgoberador mexiquense Enrique Peña Nieto fue construida por la empresa Autovan-Teya. Filial del Grupo Higa.
La constructora fue parte de los escándalos más sonados del sexenio de Peña Nieto y en este proyecto fue beneficiada con la concesión por 30 años, que durante el gobierno de Eruviel Avila fue extendida a 60, tiempo en el que la población deberá seguir pagando por el uso de la vía.
Al costo de más del doble presupuestado, se suman costos ecológicos y sociales pues diversas instancias dieron cuenta de las irregularidades que expresó el proyecto.
Los movimientos sociales y resistencias que trajo consigo el proyecto Toluca-Naucalpan se expresaron con distinto nivel en las comunidades afectadas, y alcanzaron la intervención de organizaciones e instituciones de México y el mundo.
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De acuerdo con la recomendación No. 56 /2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se violó el derecho de propiedad de las comunidades indígenas, el derecho a una consulta previa, libre e informada de las comunidades y el estudio de impacto ambiental no se emitió de conformidad con los estándares internacionales.
El Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016 expresó:
“La comunidad también ha presentado una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ambas instituciones han solicitado al Estado de México que adopte medidas preventivas para proteger a la comunidad indígena Otomí-Mexica. Sin embargo, a pesar de estas solicitudes y la orden de amparo, se ha continuado con la construcción de la carretera, con la aprobación de autoridades estatales y federales, sin cualquier esfuerzo serio de mediación y consulta. Existen varios informes de acoso e intimidación contra miembros de la comunidad que se han opuesto al proyecto”
En lo ambiental al menos 138 hectáreas de bosque fueron afectadas y de acuerdo con el anuncio del gobierno estatal se desplazaron más de 10 millones de metros cúbicos de tierra, lo cual constituye una afectación irreparable a nivel del funcionamiento natural de los ecosistemas.
Será en los próximos años cuando el grado de afectación del proyecto sea más evidente pues la modificación de bosques, uso del suelo e inconformidad arraigada, incrementarán la fragmentación y división social en las comunidades que afectó el trazo.
Con información de La Jornada y Contralinea
