La Secretaría de Seguridad (SS) en coordinación con el Poder Judicial del Estado de México, han decidido fortalecer los mecanismos de beneficios preliberacionales para aquellas Personas Privadas de la Libertad (PPL) sentenciadas por delitos no graves ni violentos, para así despresurizar los penales y evitar contagios de COVID-19.
De acuerdo con un comunicado de la SS, la implementación de esta medida que atiende a razones humanitarias, tiene como propósito asegurar el bienestar de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad, como sucede con las personas de edad avanzada, enfermos terminales, pacientes psiquiátricos y mujeres embarazadas o con hijos.
Este proceso se rige por dos vertientes, una de ellas la libertad condicionada a través del uso de brazaletes de monitoreo electrónico y la libertad anticipada que consiste en la remisión parcial de la pena, además de considerar el proceso efectivo de reinserción social, así como el buen comportamiento que han demostrados las PPL.
Por el momento 59 personas han sido puestas en libertad y a mil 835 les han sido concedidos brazaletes electrónicos en el esquema de libertad anticipada, además de ampliarse a dos mil 786 brazaletes, siendo el sistema de monitoreo electrónico más grande con el que cuenta el país.
Aunado a las personas que han obtenido su libertad, se continúa con el análisis de más de cinco mil 500 casos, todos ellos atendiendo a los parámetros que se han establecido en el marco de la legalidad, que por su condición son considerados no graves ni violentos, siendo los de sentencias menores a cinco años; por razones humanitarias con una población vulnerables y personas que están por obtener algún beneficio.
Con estas acciones la SS confirma su compromiso con el estado de salud de los privados de la libertad, los custodios penitenciarios, las familias y el personal médico que se encuentra laborando durante la emergencia, de tal forma que se evite en gran medida la propagación del virus.
