Ni Ana Karen, ni Claudia Patricia han vuelto a sus casas; tampoco lo han hecho Ana Laura, ni Laura Gabriela; Leonarda ya no lo hará porque fue asesinada.
Alrededor de veinte personas marcharon sobre Paseo Tollocan –una de las principales vías de acceso a la ciudad de Toluca– siguiendo a un paso veloz a los padres de Ana Karen, quienes caminaban firmemente con dirección a la Fiscalía General de Estado de México, exigiendo la búsqueda de su hija.
Aunque esta vez es la familia de Ana Karen, las marchas, movilizaciones, denuncias y plantones se han realizado cientos de veces cada vez que una mujer desaparece, cada que una persona es asesinada, cada que se busca justicia.
Hasta el 15 de julio, en el Estado de México se contabilizaban más de 7 mil personas desaparecidas en los últimos 56 años. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el caso específico de la violencia feminicida, por mencionar algún dato, la entidad –de enero a septiembre de 2020– lideró el número de casos de presuntas víctimas de feminicidio.
Al Estado de México lo asola la violencia, las desapariciones y la inseguridad. La obligación constitucional del Estado de –como lo dicta el artículo 21 constitucional– “salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social” no se cumple y a ello se agrega no solo la corrupción, sino también la existencia de un sistema judicial y administrativo deficiente.
Por otro lado, Claudia Patricia estaba en un proceso de divorcio, el padre de sus hijos la llevaría, junto con su hijo, al psicólogo pero ya no regresó.
El campo minado que representa el Estado de México para las mujeres también lo provoca “la cultura de dominación [que] está tan arraigada que los agresores no muestran arrepentimiento por privar de la vida a sus víctimas”, así lo menciona en el artículo “El feminicidio es sólo la punta del iceberg”, Margarita Bejarano Celaya, quien también escribe, “las razones que motivan la violencia son tan inverosímiles como variadas, los agresores son en muchas ocasiones justificados por múltiples argumentos económicos, sociales, personales, de salud y de honor”.
En el texto “Violencia de género: impunidad e injusticia como problemas estructurales” se menciona que en México “de las violaciones denunciadas, en un 60 por ciento de los casos no hubo detenidos, pero cuando se logró hacerlo, 75 por ciento de los violadores lograron impunidad absoluta […] la impunidad se genera porque se integran mal las averiguaciones y por razones de corrupción.”
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