«El sistema de justicia en México no funciona en absoluto», dijo el escritor Jorge Volpi en 2018 en una entrevista a El Universal a propósito de la publicación de Una novela criminal, obra sobre el caso de Israel Vallarta y Florence Cassez, tiene un «altísimo grado de corrupción en todos los niveles y una práctica constante de la tortura».
Y la afirmación –desde ese año y antes– se ha repetido foro tras foro, denuncias tras denuncia, caso tras caso a lo largo y ancho del país, y se repitió también en la Cámara de Diputados del Estado de México en voz de familiares de hombres recluídos en prisiones mexiquenses llamados “inocentes”, “discriminados”… “los nadie”, en alusión al texto de Eduardo Galeano.
La ocasión es la presentación del informe del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, una asociación que defiende a activistas, mujeres, protectores del medio ambiente, y que ha sacado de prisión a presos polìticos. Ellos llevaron el caso de los indígenas de Tlanixco, acusados de homicidio y absueltos luego de 11 y 12 años de estar en prisión.
Si el sistema de justicia no funciona en México es inevitable que las personas busquen alternativas para lograr justicia o, al menos, sacar a su familiar (que afirman es inocente) de la prisión. Una de estas alternativas se configuró en el país con la entrada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia: el 22 de abril de 2020, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto por el que se expidió la Ley de Amnistía, que tiene como objetivo liberar a los presos que hayan sido procesados o se les haya dictado sentencia firme, siempre que no sean reincidentes respecto del delito por el que están indiciados o sentenciados por delitos graves; el decreto dice que la ley de amnistía no se otorga a quienes hayan cometido delitos contra la vida o la integridad corporal, secuestro y todos los previstos en el artículo 19 de la Constitución Política.
Al respecto los integrantes del Zeferino Ladrillero, cuya principal injerencia está en el Estado de México, tienen otra opinión: si el sistema tiene carencias, entonces es importante que se consideren en la amnistía los delitos de alto impacto “porque el problema no son los delitos menores sino los casos donde hubo violaciones al debido proceso y actos indebidos por parte de las autoridades”.
Entonces familiares de presos considerados inocentes, organizaciones solidarias e integrantes del Zeferino Ladrillero pugnan por una ley de amnistía “que sirva”, es decir, que no sea un catálogo de delitos, dice la coordinadora del Centro Fabiola Vite, sino que sea útil y efectiva para liberar a los presos que no deberían estar, por principio, encerrados.
El 5 de noviembre, dos hombres vestidos de negro bajaron de una camioneta y, sin orden de aprehensión, se lo llevaron acusado de secuestro, para sentenciarlo, una persona reconoció a Daniel como su agresor porque: “moreno, chaparrito y andaba mugroso”. El día del crimen, Daniel pintaba un zaguán; cuando los testigos declararon esto, el juez dijo que eran testigos de coartada y que no valían.
Lo detuvieron en un retén en San Esteban, según los ministeriales tenía una orden de aprehensión por el asesinato de cinco taxistas sucedido un año antes el 28 de abril de 2015 en la colonia Benito Juárez. Cuando sucedieron los asesinatos de que lo acusan él vivía en Monterrey con su familia.
A Antonio se lo llevaron de Mundo E, lo buscaron y levantaron una ficha de desaparición, tres días después él se comunicó, estaba recluido en el penal federal de Nayarit, lo acusaban de ser integrante de La Familia Michoacana. Antonio fue golpeado y amenazado, se levantó una queja por tortura pero no ha sido atendida.
Lleva tres años en el penal de Santiaguito, lo detuvieron sin orden de aprehensión el 18 de diciembre de 2017, fue sentenciado a 47 años de prisión, lo levantaron en un auto. Tres jueces se declararon incompetentes y le reducen la sentencia a 10 años, la parte acusadora apela y le dejan los 47 años.
La Ley de Amnistía es una especie de perdón de los delito cometidos, pero tiene dentro de sí la posibilidad de resarcir errores del sistema de justicia; lo que se propone es que se revisen los casos, que se conforme una comisión para ello y que se garantice la justicia.
Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, dice: “Si existen personas inocentes encarceladas, se genera impunidad porque quienes pudieron haber cometido los delitos se encuentran en libertad, y las familias de quienes pudieron resentir un delito tampoco están accediendo a la justicia».
La Ley de Amnistía debe ser discutida y aprobada por los diputados que conforman la LX Legislatura en el Estado de México. Hasta el momento hay cuatro propuestas y se debe llegar a una que, como dice la coordinadora del Zeferino, garantice su utilidad en la liberación de injustamente presos.
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