Fideicomisos: entre la opacidad y la inactividad

Hace unos días el Gobierno federal determinó la extinción de fideicomisos públicos sin estructura orgánica, es decir, creados por decreto, pese a las críticas que se han hecho a la medida, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya había advertido la necesidad de revisar esas figuras y obligarlas a ser más transparentes.

En su último informe, la ASF alertó que manejaban muchos recursos, y que a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a las que estaban sujetos, no se garantizaba la transparencia, ni rendición de cuentas en el ejercicio de los recursos públicos, ni que cumplieran con el objetivo para el que fueron creados.

Durante la revisión, la ASF advirtió que esos fideicomisos y figuras manejaban cuantiosos recursos; por lo cual se requería determinar si su beneficio socioeconómico era el óptimo, y de no ser así, redirigir los recursos a otras aplicaciones sociales

La última entrega del informe de revisión de la Cuenta Pública 2018 de la ASF, hecha este año, después de una revisión a esos mecanismos en los ejercicios 2017 y 2018, arrojó que había 335 fideicomisos, mandatos y actos jurídicos sin estructura por recursos que sumaban 878 mil 717 millones de pesos.

De los 335 fideicomisos, según la revisión, 305 estaban en operación y otros 30 en proceso de extinción; pero, no todos contaban con recursos, pues el reporte señala que al 2017 existían 32 sin recursos, 13 con ingresos, pero sin egresos, y otros 137 que ejercieron menos del 30% de sus ingresos.

El estudio muestra un diagnóstico de los fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica para conocer su grado de utilidad e impacto en asuntos de interés público y analizó el marco jurídico que los regula; los contratos de constitución, los informes del número de figuras jurídicas y el cumplimiento a los lineamientos para su registro.

De los 335 fideicomisos, mandatos y análogos sin estructura orgánica federales, estatales y mixtos, 8 tenían más de 50 años de haber sido creados, y de esos, dos seguían en operación, cinco estaban en proceso de extinción y uno tenía estatus de baja.

La mayoría, 101, fueron creados entre los años 2001 y 2006, es decir, en la gestión de Vicente Fox, aunque no todos son federales; 64 se crearon entre 2007 y 2012, en la administración de Felipe Calderón; 46 se constituyeron entre 1995 y 2000. Otros 39 se crearon del 2013 al 2018 y 52 entre 1989 y 1994.

De los 335 fideicomisos, 99 se relacionaban con ciencia y tecnología, 83 con hacienda y crédito público, otros 27 con educación pública, 19 con el rubro de comunicaciones y transportes, 14 con el sector cultura, 11 con el turismo, 10 con energía, 10 con economía y 10 más con el medio ambiente.

“La falta de información y transparencia de las figuras jurídicas facilita que los recursos de que disponen puedan ser ejercidos sin el control adecuado”, señala el informe.

Opacidad en esos fideicomisos

Durante la revisión, la ASF advirtió que esos fideicomisos y figuras manejaban cuantiosos recursos; por lo cual se requería determinar si su beneficio socioeconómico era el óptimo, y de no ser así, redirigir los recursos a otras aplicaciones sociales. También advertía que la falta de información y transparencia facilitaba que no hubiera un control adecuado.

“Estos instrumentos manejan cuantiosos recursos y, por tanto, es necesario determinar si su beneficio socioeconómico es el óptimo, y de no ser el caso, redirigir los recursos hacia otras aplicaciones sociales de mayor impacto”.

“La falta de información y transparencia de las figuras jurídicas facilita que los recursos de que disponen puedan ser ejercidos sin el control adecuado”, señala el informe.

De hecho, la revisión en 2017 a los fideicomisos arrojó diversas observaciones, entre ellas un patrimonio negativo y entrega de apoyos no recuperables en el Fideicomiso Fondo Nacional de Infraestructura, pagos en demasía en el FONDEN, entre otros.

Casi sin actividad

El análisis de la ASF encontró que hasta 2017 había 32 figuras jurídicas sin recursos, de las cuales, 3 fueron dadas de baja, 14 estaban en proceso de extinción y 15 seguían vigentes; mientras otras 13 tuvieron ingresos, pero no egresos, pero una fue dada de baja en diciembre de 2018.

Además, en 2017 hubo 137 fideicomisos que ejercieron menos del 30.0% de sus ingresos para el cumplimiento de sus objetivos, y de esas, 5 se dieron de baja en 2018. La ASF pidió hacer un proceso de revisión a los 132 restantes, pues algunos se encuentran en proceso de extinción, pero, en otros el informe de las metas es insuficiente o no presentan metas.

Otro señalamiento de la ASF es que de las 30 figuras jurídicas que hasta 2018 estaban en proceso de extinción, el 76.6% llevaba más de diez años así, por cuestiones como investigaciones asociadas a las propiedades del mandato, créditos sin liquidar, falta de asesoría para la elaboración del convenio de extinción, de firmas o autorizaciones de los convenios, juicios en proceso, documentación incompleta.

La revisión ejemplifica el fideicomiso Colonia Petrolera José Escandón, creado en 1967 para atender los compromisos contractuales de vivienda, donde no había registro de algún movimiento desde 1997 y se encontraba en proceso de revisión el convenio de extinción del fideicomiso, donde se identificaron 105 inmuebles pendientes de transmitir.

Algunos de los fideicomisos en proceso de extinción eran Convenio de Cooperación para la Operación del Programa de Educación a Distancia, Fondo Mixto Ciudades Coloniales, Mandato Fiduciario de Inversión y Administración, y Apoyo Financiero a Favor del Fideicomiso Sindicatura de Promotora del Valle de Morelia (Provam).

También el Fideicomiso para la Adaptación de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, Fideicomiso para la Conservación de la Casa del Risco y Pinacoteca Isidro Fabela, Fondo Mixto Mundo Maya, Fondo Mixto de Mazatlán, Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica, Fideicomiso Irrevocable de Administración Centro Cultural Santo Domingo Oaxaca, el Programa Nacional de Superación de Personal Académico (SUPERA), entre otros.

La Auditoría consideró necesario que la Secretaría de Hacienda actualizara la información para evaluar a las figuras jurídicas con más de 20 años de existencia y advirtió que en algunos casos no cumplían con los propósitos para su creación, ni las obligaciones específicas para justificar su operación y la utilización de sus recursos.

Consideró que se requería mejorar la vigilancia y el control de las figuras jurídicas para transparentar el manejo de los recursos públicos federales aportados, sus objetivos, para los cuales fueron sido creadas, y con ello, de manera más oportuna definir la posible modificación, extinción o terminación de sus contratos.