Autoridades federales investigan redes de corrupción en los juzgados federales con sede en Toluca, las cuales han beneficiado a integrantes de grupos de la delincuencia organizada.
De acuerdo con el diario La Jornada, el Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dichas redes, que son investigadas desde el 2011, afectaron operativos y detenciones de integrantes de los cárteles de Sinaloa y de los hermanos Beltrán Leyva, además formar un grupo de funcionarios judiciales que servían de mensajeros entre internos del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, sus abogados y familiares.
Madre de “El Mochomo” y su abogado pactaron sobornos
La Fiscalía General de la República (FGR) reveló que personal del juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México fue sobornado para dejar en libertad a “El Mochomo”, presunto líder de Guerreros Unidos, grupo criminal ligado a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En un audio difundido por medios nacionales se escucha a la madre de José Ángel Casarrubias Salgado, alias “El Mochomo”, ofrecer millonarios sobornos para la liberación de su hijo.
En dicho audio se escucha a la mujer decir “Ya como quedamos, dando y dando. Nosotros no le vamos a quedar mal” ya agrega que “Nosotros somos personas serias. Nosotros no vamos a quedarle mal”.
Presuntamente la conversación es entre la mamá de líder criminal y su abogado, quien le dice “nos van a avisar a qué hora se firma, si la juez ya lo firmó y se van a hacer los oficios”.
La mujer le responde “ande, ya nos estamos hablando por teléfono. ¿Me presentaría el acta en la que ya está firmada la libertad?”, a lo que el abogado responde “él nos avisa a qué hora está firmando mañana. Cuando nos avise, yo les aviso a ustedes”.
De acuerdo con Proceso el intermediario habría sido el secretario de acuerdos del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, de acuerdo con la revista Proceso.
“El Mochomo” fue liberado el 1 de julio al no encontrar elementos de prueba para imputarle el delito de delincuencia organizada, y ese mismo día, frente al Centro Federal de Readaptación Social “El Altiplano” fue detenido nuevamente por elementos de la FGR, derivado de nuevas investigaciones por delincuencia organizada.
De acuerdo con los registros judiciales, “El Mochomo” fue trasladado a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para que declare sobre otras carpetas de investigación en las que tiene calidad de imputado.
“El Mochomo” fue capturado el pasado 24 de junio en Metepec, Estado de México, tras mantenerse prófugo por más de cinco años.
Actos de corrupción
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez autorizó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) realizar algunas intervenciones telefónicas que mostrarían que personas cercanas al imputado y al juzgado que atrajo su caso, el Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, estarían relacionadas con los actos de corrupción.
“(Las intervenciones) señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel ’C’”, expuso la FGR en un comunicado.
Durante la conferencia matutina de este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador condenó la liberación del líder criminal.
“Puedo decirles que la libertad de este señor –a quien no mencionó expresamente–, presunto responsable de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, entre otros delitos, tuvo que ver con un acto de corrupción del juzgado donde se le otorgó la libertad”.
Aseguró que se tienen las pruebas que demuestran esta irregularidad, la cual calificó como una afrenta a las instituciones y al Estado.
Las investigaciones
De acuerdo con el diario La Jornada Ministerio Público Federal y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) tienen al menos cuatro investigaciones sobre corrupción en los juzgados federales, dos de ellas de carácter interno en el CJF y las otras desde el ámbito ministerial por parte de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), y entre ellos destacan las actividades realizadas por personal del Juzgado Segundo de Distrito en materia Penal con sede en Toluca.
En el 2011 la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) detectó que el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Toluca, filtró información a abogados defensores de dos empleados del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) por la presunta comisión del delito de revelación de secretos en favor de grupos criminales
En 2017, el CJF dio a conocer que al menos 10 actuarios, secretarios y hasta choferes de todos los juzgados en materia penal con sede en Toluca, formaron una red de mensajeros que sirvieron a integrantes del crimen organizado presos en el Cefereso número 1, y se puso al descubierto que investigaciones de tipo administrativo y como consecuencia de las denuncias presentadas por el juez Vicente Bermúdez Zacarías, quien fue asesinado meses después de haber revelado acciones irregulares de funcionarios adscritos a su juzgado.
En 2019, el CJF suspendió por seis meses a la magistrada federal Olga María Josefina Ojeda Arellano, quien estaba al frente del sexto tribunal unitario, con sede en Toluca, por “cambiar las funciones de personal adscrito a su cargo sin justificación alguna, uso indebido del vehículo oficial, así como coaccionar a una servidora pública para certificar hechos falsos y encubrir las acciones anteriores”.
En octubre de 2019 el organismo del Poder Judicial de la Federación (PJF) señaló que “el compromiso del pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, es claro en materia de abusos de poder: cero tolerancia, y refirió: “el deber de los órganos jurisdiccionales, y todas las y los trabajadores que laboran en ellos es el de impartir justicia con ética, profesionalismo y autonomía”.
Ese mismo mes y año, y con anterioridad a la sanción de la magistrada, el CJF dio a conocer la sanción impuesta a Jorge Arturo Camero Ocampo, por presentar inconsistencias financieras que superaban los 100 millones de pesos.
