Texto: Patricia Ramírez / Imagen: Victor García / Edición: Karlos Velázquez
En el Estado de México, en el artículo 235 Bis del Código Penal se señala que “comete el delito de maltrato animal el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa”, sin embargo –en los hechos– el maltrato, abandono e incluso el envenenamiento de los perros es un acto más frecuente de lo que se piensa.
El 25 de julio el refugio canino Ángeles de Jocotitlán fue el blanco de un ataque en contra de los perros resguardados, 16 animales fueron envenenados durante la madrugada, ocho de ellos murieron.
Meses antes, perros atendidos por la asociación de protección Capulcan fueron también envenenados en la plaza de la comunidad. Estos hechos fueron denunciados por las asociaciones encargadas de la protección animal, en primera instancia, vía redes sociales.
Esta práctica de “denuncia pública” se ha convertido en la más común no solo para estos casos extremos sino para los de maltrato, abandono o semidomicialización –entendida esta en los casos de perros que tienen “dueño”, pero no les proporcionan los cuidados o satisfactores necesarios–, porque la acción de las autoridades respecto a las denuncias muchas veces es omisa.
La Procuraduría de Atención al Ambiente del Estado de México (Propaem) es la encargada de “recibir, investigar, atender y en su caso, canalizar ante las autoridades competentes, las denuncias y quejas de la ciudadanía; así como las presentadas por autoridades federales, estatales y municipales, por presuntas violaciones a las disposiciones jurídicas en materia ambiental”, no obstante, también por redes sociales, se hacen numerosas quejas respecto a la inactividad ante los casos de denuncias.
Para hacer una denuncia, en la página de Propaem existe un formulario, pero algunas personas quienes han utilizado este servicio señalan que no hay seguimiento de los casos y que los perros maltratados no fueron atendidos.
AD Noticias solicitó reiteradamente una entrevista con el procurador de Propaem para solicitar información de los procedimientos y quejas sin haber obtenido respuesta.
Debido a la omisión y falta de aplicación de la ley han sido las asociaciones las que han asumido la responsabilidad del cuidado de los perros, quienes en la medida de los posible y haciendo uso de recursos como donaciones, han atendido a los perros y promovido la adopción responsable; no obstante, ellos también requieren de apoyo e intervención legal cuando suceden casos como los envenenamientos.
Adicionalmente, cada municipio ejerce, según su bando municipal, una regulación relacionada con la tenencia responsable de los animales y alguna previsión respecto al maltrato.
En días recientes, en Metepec, en una denuncia vía redes sociales se mostró un citatorio para los propietarios de una fonda, quienes fueron llamados por alimentar –contraviniendo el bando municipal– a los perros callejeros.
Quien o quienes provoquen la muerte inmediata o no de un animal maltratado se hace acreedor a una pena de seis meses a tres años de prisión y a una multa de 100 a 200 días, según lo establecido en el Artículo 235 del Código Penal, pero para ello se requiere, primero, encontrar a los culpables.
Ricardo López, director de este albergue, levantó una denuncia por el ataque a los perros; en esta ocasión, ha referido, Propaem se puso en contacto y sí acompañó una parte del proceso; el hecho se encuentra en investigación.
Hasta el momento han reforzado la seguridad del albergue a través de cámaras, producto de una donación, y han señalado que el albergue no se cerrará.
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