A partir de este 3 de agosto, el Instituto de Transparencia de la entidad, el Órgano Superior de Fiscalización y la Contraloría del Poder Legislativo reactivaron los plazos para que se contesten las solicitudes de información y se reinicien los procedimientos administrativos en contra de funcionarios de elección popular que pudieron haber incurrido en nepotismo, abuso de poder o alguna otra falta.
Las tres instancias oficializaron las medidas con acuerdos publicados en la Gaceta de Gobierno, luego de cuatro meses sin recibir denuncias, ni contar plazos para atender solicitudes de información, ni agotar la investigación de las quejas interpuestas ante la Contraloría legislativa, ni las denuncias ante el OSFEM.
El contralor Juan José Hernández Vences dio a conocer que desde el pasado 20 de marzo estuvieron suspendidos los plazos por la pandemia provocada por el coronavirus, como medida preventiva para evitar contagios, y con ello, la inactividad procedimental y administrativa tanto en las oficinas centrales, como en las delegaciones ubicadas en los municipios de Naucalpan y Chalco.
Esta suspensión, refirió, incluyó diligencias, plazos y términos dentro de los procedimientos de responsabilidad administrativa de los asuntos de su competencia, pero ahora que el semáforo está en naranja y ya existen recomendaciones de regreso seguro se pueden reanudar las actividades procedimentales y administrativas, así como los plazos de esta Contraloría a partir de este 3 de agosto.
Con eso, reanudan los cómputos de plazos y términos que estaban suspendidos, por lo cual las audiencias que estaban programadas para el plazo comprendido entre el 20 de marzo y el 31 de julio se deberán reprogramar y notificar a los involucrados.
En tanto, el Instituto de Transparencia emitió un aviso en el que comunica que se reanuda la celebración de las sesiones ordinarias y plazos para el trámite y desahogo de los procedimientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la entidad, luego de la situación generada por el virus SARS-CoV2.
Con esto los sujetos obligados deben ir contestando solicitudes de información que están por agotar el plazo y las cuales fueron presentadas desde la última semana de marzo y hasta el mes de julio. Deberán empezar por las más añejas para no hacerse acreedores a una sanción por incumplimiento de la ley.
La norma contempla 15 días hábiles como plazo para atender las peticiones de información y una semana más como plazo adicional, por alguna razón justificada, pero nada se debe atender fuera de esos términos, lo cual implica gran carga de trabajo, sobre todo para los ayuntamientos, que tienen la mayor parte de las 10 mil 700 que se acumularon en este lapso.
En tanto, el OSFEM, informó que la entrega de los informes mensuales de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de este año se hará de manera escalonada y en orden alfabético, según el calendario que les dieron a conocer para evitar aglomeraciones en las oficinas del órgano, en Toluca.
Las entregas iniciarán a partir del 28 de agosto y hasta el 10 de septiembre, hasta completar el total de entes fiscalizables municipales y estatales.
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