Tras permanecer 22 meses al frente de la Dirección de Seguridad Pública de Toluca, Roberto Valdés renunció a la dependencia dejando al municipio con cifras récord de delitos como homicidio y violación, además de controvertibles niveles de percepción de seguridad y confianza hacia la policía municipal.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los habitantes de Toluca se sienten más inseguros en la ciudad actualmente que durante el último semestre de la administración anterior.
La confianza de la gente hacia su policía municipal también experimentó cambios negativos durante la gestión de Valdés: de septiembre del 2018 a septiembre del 2020 cayó en 2 puntos pasando de 40.9 a 38.3, por debajo de la Policía Estatal (50.7), Policía Federal (66.5) y la Guardia Nacional (72.5).
La percepción de inseguridad afecta incluso los ámbitos donde la incidencia delictiva ha disminuido, como es el caso del transporte público: la ENSU muestra que en septiembre del 2018, 92.8 por ciento de la población se sentía insegura en el transporte público; para el 2020, 90.5, sin embargo, este delito presentó una disminución considerable durante los últimos dos años.
Otros delitos como el homicidio alcanzaron cifras récord durante la gestión de Valdés. En agosto de este año, Toluca experimentó una ola de violencia que dejó 14 ejecutados en todo el municipio, la cifra colocó a Toluca por encima de municipios como Ecatepec y Nezahualcóyotl durante ese mes.
El presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, aseguró durante una reunión con representantes de medios de comunicación que los cuerpos encontrados eran “tirados” más no ejecutados en Toluca.
El homicidio del padre del político Luis Miranda Nava desmintió esto: el 11 de agosto fue encontrado muerto en su domicilio ubicado en la colonia Sánchez, las primeras líneas de investigación señalaron al robo a casa habitación como probable causa del homicidio.
Otro de los delitos que presentó un incremento durante la gestión de Valdés fue el robo de autopartes. Según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para julio del 2020, el incremento era del 167 por ciento con respecto al 2019, en comparación con el 2018, el incremento es exponencial tomando en cuenta que algunos meses no presentaron denuncias.
Los delitos que afectan principalmente a las mujeres también han presentado un incremento: la violación simple tuvo una cifra récord de denuncias en junio del 2019 con 15 denuncias, la violencia familiar lleva una tendencia ascendente desde el inicio de la pandemia sumando más de 100 denuncias durante los últimos cuatro meses.
Las denuncias por acoso sexual también se dispararon con Valdés al mando de la seguridad pública, pasando de 2.4 denuncias al mes durante el 2018 a 6.8 en el 2019 y 10.1 en lo que va del 2020.
En febrero del 2020 se integraron sanciones para el acoso callejero en el Bando Municipal: hasta las 36 horas de arresto a quien incurriera en estos delitos. Sin embargo, para octubre de este año, el número de personas presentadas ante la oficialía de partes por acoso callejero era de solamente cinco.
Otras modificaciones al Bando Municipal tuvieron igual alcance. En agosto del 2019 quedó establecida la prohibición de la entrega a título gratuito de bolsas de plástico; durante el 2020 solo cinco unidades económicas fueron sancionadas a pesar del incremento de su uso en los pedidos a domicilio y “para llevar”.
Toluca permanece desde hace varios meses como el segundo municipio con más muertes por covid-19 en el estado, tan solo por detrás de Ecatepec. Una reforma al Bando Municipal estableció que negarse a portar el cubrebocas puede implicar multas y arrestos. Hasta la fecha esta instrucción no se ha llevado a la práctica.
De acuerdo a la doctora en Ciencia Política, Martha Nateras, el mensaje detrás del incumplimiento del Bando es claro: las leyes se pueden violar, “está la ley, si quieres la cumples”, comentó Nateras en entrevista para AD Noticias.
Durante la presentación de las 500 nuevas patrullas en agosto del 2019, el presidente municipal de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, admitió la existencia de malos elementos en la corporación por lo que se comprometió a depurar el cuerpo policiaco.
Según información obtenida a través de la plataforma de transparencia Ipomex, el contrato de las patrullas ascendió a 477 millones 640 mil 713 pesos, durante 28 meses, es decir, 17 millones mensuales. El alcalde informó durante la entrega de las patrullas que el gasto para seguridad durante su mandato se estima en más de 2 mil millones de pesos.
La contratación de cerca de 3 mil cadetes implicó un gasto en publicidad y uniformes para los cuales se destinaron más de 20 millones de pesos, meses después, durante el inicio de la pandemia, serían despedidos cerca de 800 cadetes, algunos de forma injustificada.
Los malos policías permanecieron en las calles abonando a la crisis de desconfianza.
A inicios de agosto del 2019 una familia increpó a un elemento que circulaba por las calles de Toluca. De acuerdo a las declaraciones del joven que grabó el momento, el agente le habría extorsionado y “sembrado” droga con el fin de obtener dinero a cambio, días después se anunció la separación del cargo de tres policías que habrían estado involucrados en el acto.
En abril del 2020, Guillermina, una cadete de la policía de Toluca denunció acoso y hostigamiento por parte de mandos superiores de la corporación, las denuncias derivaron en la separación del cargo de ella y su hermana, ambas se desempeñaban como cadetes desde hacía cinco meses; el ayuntamiento anunció que se investigaría el caso, sin embargo, hasta el momento no ha sido notificado ningún avance.
Durante ese mismo mes, el día 22 de abril, un operativo para el retiro del ambulantaje derivó en seis detenciones violentas. Reporteros, y civiles fueron lesionados durante los operativos que se llevaron a cabo simultáneamente en la zona centro y terminal de Toluca.
Centros de derechos humanos autónomos, como el Zeferino Ladrillero, han dado cuenta de las violaciones a los derechos humanos por parte de policías de Toluca y las acusaciones falsas de los agentes ante el ministerio público, la brutalidad con la que actúa la policía de Toluca ha sido una constante durante este tipo de operativos.
Cristian Trinidad era un joven enfermero de 22 años que fue “levantado” por policías municipales en la colonia Nueva Oxtotitlán en Toluca y encontrado muerto un mes después en los servicios periciales del municipio de Naucalpan. Durante la búsqueda del joven, su hermana declaró que, a pesar de contar con elementos para agilizar la investigación, la policía de Toluca se decidió actuar de manera omisa.
En agosto del 2020, 18 policías fueron suspendidos luego de que se hiciera público un video en el que aparecen “jugando” al narco. Se trata del Grupo de Apoyo Táctico de la policía municipal que “bromeó” al estilo Cartel Jalisco Nueva Generación: “pura gente de Chávez”, gritaban emulando a los sicarios de la organización criminal.
El 24 de octubre se llevó a cabo un baile de música banda en la comunidad de San Andrés Cuexcontitlán, al que asistieron cerca de 800 personas. De acuerdo con los delegados vecinos –y la misma delegación– se realizaron llamadas a los comandantes encargados de la zona sin recibir una respuesta favorable de parte de los uniformados.
Días después, Roberto Valdés aclaró que existirían consecuencias legales para el personal de ayuntamiento que haya, por complicidad y omisión, permitido que se llevara a cabo el baile.
De Valdés es poco lo que se conoce, expanista, compitió por una diputación por ese partido en el 2009; en su administración se contabilizan 144 homicidios. Ahora será remplazado por Francisco Antonio García Burgos, quien fungía como coordinador de Asesores del presidente municipal.
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