Un año de la tragedia de Tlahuelilpan

Ha pasado un año desde que, el 18 de enero de 2018 a las 18:52 horas, una toma clandestina explotó en Tlahuelilpan, Hidalgo: un hecho que se convirtió en punto de inflexión de la estrategia gubernamental ejercida en contra de la extracción ilegal de combustible como práctica recurrente.

El 2018 empezó con el desabasto de gasolina, provocado por el cambio de estrategia en la distribución de combustible; se buscaba disminuir el robo de gasolina de los ductos de Pemex subterráneos que recorren diversas entidades de la República.

En Tlahuelilpan, de la fuga del ducto que explotó, los huachicoleros extraían constantemente –así lo han dicho en diversas entrevistas pobladores de la zona– sin embargo, en esa ocasión, la salida del líquido creció y los habitantes, en medio de un panorama de desabasto, olvidaron el riesgo de encontrarse ante una lluvia inflamable.

En una cronología oficial de los hechos se menciona que la fuga fue encontrada a las 14:30 horas por elementos del Ejército durante un recorrido de vigilancia, en el transcurso de poco más de una hora, la población comenzó a aglomerarse en la zona. 

Imágenes de familias enteras, ante la vista de elementos del ejército, llenaban bidones y los trasladaban a camionetas en una especie de ambiente festivo. El número de personas reunidas en torno a la fuga aumentó hasta llegar, casi –según cifras oficiales y cálculos de algunos testigos– a 800 habitantes, quienes no fueron contenidos ni por personal de la Gendarmería Nacional ni por los 80 soldados que arribaron al lugar.

A las 18:52 el ducto explotó; las imágenes de hombres y mujeres en llamas captadas por un medio local serían el principio de una tragedia que dejaría la muerte de 137 personas, lesiones en otras 70 y la desaparición de muchas más.

Aunque, oficialmente, se lamentó el hecho, las indemnizaciones y solicitudes de apoyo a los familiares de los lesionados y muertos generaron una discusión que rondó la justificación del castigo hacia quien comete el delito, la culpabilización y la generación de dudas de las razones por las que el ducto fue cerrado, cuatro horas después de la identificación de la fuga. 

A un año del suceso, en algunas entrevistas periodísticas, los familiares de personas que murieron en el lugar señalan que sólo han sido algunos quienes han recibido 15 mil pesos de apoyo; en la entrega de programas municipales se ha usado el discurso de la tragedia para justificar dicha entrega, pero lo más importante es que luego de un año del suceso, la extracción ilegal de combustible no ha sido erradicada, como lo mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador –sin presentar datos– el viernes pasado: Hidalgo es el estado “que tiene más actos de robo de combustible”, dijo.