Puede ser que una mañana, tarde o noche el hijo, hermano, padre o esposo no vuelva a casa, que pase el tiempo y que no se sepa nada de él, que la angustia se apodere de su familia y que después –luego de una llamada, un aviso, la búsqueda por diversos lugares– se sepa que el ser querido está preso, acusado de algún delito que no cometió. Puede que entonces comience el tránsito por un camino desconocido en el que la pobreza, la ignorancia, la corrupción y la impunidad juegan en contra, en el que –paso tras paso– se conoce una realidad nunca antes vista en la que los recursos legales, los económicos y los emocionales se desgastan irremediablemente.
Esta posibilidad en el Estado de México es una realidad dolorosa que consume a las familias de cientos de personas que, este jueves, tuvieron una representación en la Cámara de Diputados estatal durante la presentación del Primer Informe sobre Personas Injustamente Presas en el Estado de México realizado por el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), informe que fue entregado a los legisladores Julio Hernández y Max Correa, de Morena, con el fin de impulsar la aprobación de la Ley de Amnistía que la LX Legislatura debe discutir, en concordancia con la publicada a nivel federal el 22 de junio de 2020.
¿Qué tienen que ver los injustamente presos con la Ley de Amnistía?
La amnistía es una especie de “perdón de penas decretado por el Estado como medida excepcional para todos los presos condenados por determinados tipos de delitos”. Los llamados “injustamente presos” son personas a quienes –en el contexto de un sistema judicial deficiente– se les fabrican delitos para, entre otras razones, mostrar que se “cumple con la obligación” de impartir justicia.
Muchos de los familiares de los injustamente presos han agotado los medios legales existentes para obtener la libertad de sus seres queridos, entonces la Ley de Amnistía es un recurso valioso que les brindaría la posibilidad de hacer justicia y, así, obtener la libertad, mediante el perdón, del delito que se les acusa.
El informe del CDHZL y “una amnistía que sirva”
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero ha articulado una campaña de impulso a la Ley de Amnistía bajo el principio de obtener no solo un acuerdo de perdón para cierto tipo de delitos, sino que ha buscado “una amnistía que sirva”, lo que implica revisar el caso de los injustamente presos y aplicar el perdón a ellos, quienes desde la propia detención han presentado irregularidades en su proceso.
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El informe que presentaron es producto de una investigación realizada por el CDHZL, cuyos datos provienen del procesamiento de datos de 243 cuestionarios –de un total de 450– aplicados a familiares de presos.
En principio, el informe define conceptos específicos como el de detención arbitraria: aquella que se realiza sin presentación de orden de aprehensión, que permite el transcurso de un lapso entre la detención y la presentación, y en la que existe tortura o extorsión. Estas detenciones se realizan, según el informe, por autoridades de todos los niveles: 58% de ellas por policía ministerial estatal, 28% policía municipal.
Entre los porcentajes se menciona también que a 85% de las personas detenidas no se les presenta orden de aprehensión y que 66% sufrieron torturas desde la detención hasta antes de ser puestos a disposición del poder judicial.
Otras prácticas identificadas han sido que la autoridad ingresa a los domicilios sin orden de cateo, que existe complicidad entre agentes ministeriales con otros ciudadanos, que no se respeta el derecho a una defensa adecuada, que existe discriminación estructural hacia los detenidos, que existe una indebida valoración de las pruebas, entre otras.
Así, el informe busca ofrecer datos que justifiquen la necesidad de impulsar, en primer término, una ley de amnistía y, en segundo, conformarla como una ley útil para saldar las deudas de justicia que mucha gente presa vive.
¿Qué tienen que ver los diputados?
La LX legislatura, conformada por los diputados, es la encargada de aprobar esta ley y de hacer las adiciones y correcciones que se consideren pertinentes. Actualmente existen cuatro propuestas: una de Morena, otra del PRD, otra del PT y una del ciudadano, expreso político y activista Humbertus Pérez.
En esta presentación estuvieron los legisladores y Max Correa, este último explicó que tanto la Fiscalía, como el Poder Judicial hicieron llegar sus observaciones y que, aunque Morena es mayoría y podría hacer pasar la ley, se buscan consensos con los otros poderes porque serán operadores. Dijo que la ley podría aprobarse en este mes pero no se comprometió a que así será, aunque sí hizo el compromiso de seguirla impulsando.
