20 años de cárcel a funcionarios corruptos del Edomex, propone diputado de Morena

La corrupción le cuesta al país 10% del Producto Interno Bruto, según información vertida en el comunicado de prensa número 2333 de la legislatura del Estado de México, esto significa que existen “recursos que se pierden, se malgastan y no llegan finalmente a las áreas de interés público y para la estimulación de la inversión pública”. 

En 2015, una reforma constitucional permitió la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, en el Estado de México; en 2017, el sistema aticorrupción se conformó como una “instancia de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos con la participación de la ciudadanía”.

Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), de Inegi, la incidencia de corrupción en el Estado de México es de 59.6, sin embargo, sistema aticorrupción no ha generado procesos penales en torno a uso ilegal de facultades y atribuciones y enriquecimiento ilícito.

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En este contexto, en sesión deliberante presidida por diputada Karina Labastida Sotelo, Margarito González, diputado de Morena propuso en nombre de este grupo parlamentario agravar las sanciones e imponer 20 años de prisión por el uso ilegal de facultades y atribuciones y el enriquecimiento ilícito de los y las servidoras públicas, delitos que actualmente se castigan hasta con 12 y 14 años.

Específicamente, propuso reformar el capítulo sexto del Código Penal para elevar las sanciones de multa y de cárcel por ilícitos como el incumplimiento, ejercicio indebido y abandono de funciones públicas; coalición para delinquir; abuso de autoridad, intimidación, tráfico de influencia, cohecho, peculado, delitos de los servidores de la procuración y administración de justicia, así como los citados uso ilícito de atribuciones y facultades y enriquecimiento ilícito.

El comunicado explica que en la propuesta del legislador destaca que cuando sea posible el decomiso de bienes producto del enriquecimiento ilícito, aplicará la figura de la extinción de dominio, y a cualquier persona que subcontrate el servicio o la obra a la que se comprometió a realizar o entregar, asegurando que tenía la capacidad de hacerlo, se le impondrán de tres años a doce años de prisión, y de mil a tres mil días multa. La iniciativa se remitió a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictamen.