El aeropuerto que se pretendía construir por encima de la oposición y las tierras de habitantes de San Salvador Atenco, Texcoco y Chimalhuacán no se construirá como resultado de diversos factores, entre ellos, y quizá el más importante, la resistencia de los pobladores de la zona, quienes para defenderse de la construcción de este megaproyecto conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.
Es una historia de casi 20 años: el 22 de octubre de 2001, en el Diario Oficial de la Federación se publicaron los decretos mediante los cuales de expropiaban 5 mil 384 hectáreas para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la respuesta de los ejidatarios ante la posibilidad de perder sus tierras –o venderlas por 7.20 pesos el metro cuadrado– fue inmediata, organizados, actuaron en diversos planos: interpusieron amparos y realizaron movilizaciones.
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En ese entonces, Vicente Fox era presidente, y mientras se establecían mesas de diálogo y negociaciones, el movimiento de organización se consolidaba y adquiría relevancia nacional debido, entre otras cosas, a la afinidad que hubo con otros movimientos sociales de carácter nacional, como fue el caso de su adherencia a La Otra Campaña, iniciativa de apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El 11 de julio del 2002, el gobernado Arturo Montiel se iba a presentar en Acolman, los integrantes del Frente se iban a manifestar en el lugar pero fueron emboscados, ahí detuvieron a algunos líderes del movimiento, entre ellos Ignacio del Valle; la respuesta ante esta aprehensión fue contundente, la organización y solidaridad con el movimiento creció, el 6 de agosto de 2002, el presidente Vicente Fox derogó el NAICM pero el crecimiento cualitativo y cuantitativo del movimiento no se detuvo en los años siguientes.
El 2006 fue determinante para el movimiento de los ejidatarios, el 3 de mayo, en un operativo, floristas de Texcoco fueron desalojados violando el compromiso del gobierno estatal de respetar los días festivos para la venta de las flores, el Frente era solidario con la asociación de floristas y la resistencia por este hecho se expandió.
El operativo fue violento y en respuesta los habitantes de la zona retuvieron y golpearon a algunos policías, el 4 de mayo, al amanecer, cuatro mil policías ingresaron a San Salvador Atenco y detuvieron a 217 personas, entre menores, mujeres y hombres del FPDT y de la Otra Campaña; en el operativo murió el estudiante de la UNAM Alexis Benhumea, muchas mujeres detenidas fueron violadas, detuvieron inocentes y golpearon y torturaron a los detenidos.
La justicia por ese hecho se sigue esperando.
En septiembre de 2014, Enrique Peña Nieto –entonces presidente– anunció el reinicio de la construcción del aeropuerto, esta declaración reactivó la resistencia, cuatro años más tarde, en 2018, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el lugar no era el adecuado para desarrollar el proyecto y sometió la decisión a una “consulta popular” en la que las opciones fueron continuar en Texcoco o construir la terminal aérea en la existente base aérea militar de Santa Lucía y reactivar la actividad en el aeropuerto de Toluca y en el ya existente de la ciudad de México, esta última opción obtuvo mayoría. Con esta decisión, el peso cayó a su peor nivel en 4 meses y la Bolsa Mexicana de Valores se vino abajo 2.51 por ciento.
En dicha consulta, realizada en 4 días, 310 mil 463 personas votaron por continuar el aeropuerto de Texcoco (el 29%), y 747 mil votaron a favor de Santa Lucía (69%), de acuerdo con los registros de 98.18% de las casillas instaladas; 2 mil 722 votos fueron anulados.
La decisión de que la terminal aérea no se construyera esta zona costó sangre, sudor y lágrimas a los ejidatarios y dolores de cabeza a las autoridades y empresarios involucrados, entre ellos Carlos Slim, de Grupo Carso; en el tema se encuentran involucradas decisiones e intereses políticos, veladas amenazas contra la organización y lucha de poderes, de acuerdo con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, cancelar el proyecto de Texcoco tuvo un costo para el país de al menos 120 mil millones de pesos.
Hay cuentas pendientes en este tema, en primer lugar se sigue esperando que las mujeres violentadas, los hombres golpeados y las muertes provocadas en aquella intervención violenta tengan justicia, además, la inversión y afectaciones ecológicas están hechas y no existe manera de resarcir el daño aunque los habitantes de la región han intentado realizar acciones paliativas de afectación a la cuenca; los inversionistas involucrados en la construcción del megaproyecto deberán ser indemnizados.
Asimismo, existe una nueva cuenta abierta; los pobladores de Zumpango y Tecámac, afectados por la construcción del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, que tendrá un costo total de 172 mil millones de pesos, ejercen una resistencia ante un megaproyecto que ya comenzó a andar, igual que en el primer caso, sin consulta a los afectados, por encima de los restos fósiles hallados y sobre la afección ecológica que implica.
En octubre pasado, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco y la coordinadora de pueblos #YoPrefieroElLago exigieron al gobierno federal devuelva los terrenos afectados donde se intentó construir el aeropuerto en el antiguo lago Texcoco, “y que cese la compra, el despojo y la privatización de la tierra para detener así la división y violencia en la región”, en una reciente conferencia propusieron –ante el plan del gobierno de construir un Parque Ecológico del Lago– el proyecto #ManosALaCuenca, el cual busca retomar desde la voz y experiencia de los habitantes de la cuenca “la gestión comunitaria clave para el sostén hídrico, ambiental y cultural de toda la cuenca de México”.
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