La bancada de Acción Nacional propuso reformas al Código Administrativo y a la Ley Orgánica Municipal, a fin de establecer que el uso de cubrebocas en espacios públicos del Estado de México sea obligatorio y sancionar a quien no lo utilice.
La propuesta de las y los diputados panistas prevé que quienes no acaten esa disposición pudieran recibir desde una amonestación, y en caso de reincidencia, multas que irían de los 434 a los 869 pesos, o hacer trabajo a favor de la comunidad.
Hasta el momento sólo los municipios de Toluca y Tultepec han establecido la obligatoriedad de utilizar ese insumo y han planteado en sus bandos municipales sanciones por no usarlo, pero ha habido críticas de que al no existir un marco jurídico, ni protocolos podrían cometerse abusos.
Este jueves en sesión de pleno el grupo parlamentario panista propuso cambios legales que permitan obligar a la población a portarlo, pero también la obligación de las autoridades de entregar cubrebocas, mascarillas, protectores faciales a la población; así como de difundir información sobre la importancia de utilizarlos.
La diputada Karla Fiesco del PAN planteó que el uso sería obligatorio en espacios públicos, establecimientos comerciales y el transporte público, así como en lugares donde exista concentración de personas.
Refirió que nuestro país es el sexto con más contagios, mientras la entidad mexiquense es la segunda con mayor número de fallecimientos y la segunda con la cifra más alta de contagios, concentrando el 12% del país.
También recordó que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió una recomendación general para pronunciarse por el uso obligatorio de cubrebocas y la necesidad de tener un instrumento jurídico que lo avale.
Durante la sesión de este jueves las y los diputados presentaron diversas iniciativas, entre ellas el Partido del Trabajo planteó reformas a la Ley de Transparencia estatal para que los comisionados de transparencia no permanezcan más de los siete años de su nombramiento.
El PT advirtió que no deben rebasar el tiempo de designacion y 60 días antes de que venza un nombramiento, el Instituto de Transparencia debe informarlo a la Legislatura.
El Poder Legislativo ha retrasado en los últimos años nombramientos de algunos comisionados, incluso este 2020 tiene pendiente de renovar a una de ellas, y el siguiente año vendrá el cambio de otros cuatro integrantes del Instituto de Transparencia.
Durante la sesión virtual y presencial Morena planteó reformas a la Ley de la Juventud en busca de incluir la perspectiva de género, la igualdad, erradicar la discriminación y el lenguaje sexista y propuso identificar casos especiales de menores con problemas de salud mental.
También las y los legisladores nombraron al nuevo titular de la Dirección de Comunicación Social, Alfredo Medellín, en sustitución de Horacio Morales, quien hace unos días presentó su renuncia. El nombramiento es por cuatro años.
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