Una semana después de ser nombrado titular del órgano de control de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Victorino Barrios no tiene oficinas ni acceso a la información oficial, pues las autoridades universitarias no le han facilitado ningún espacio ni lo han aceptado como funcionario universitario.
Pese a haber llegado a la Contraloría con el voto unánime de todos los grupos parlamentarios, la Universidad le comentó que impulsó dos amparos: uno contra la convocatoria y otro contra su nombramiento, por lo cual esperan que se resuelvan.
Prácticamente un día después de la designación por parte del poder legislativo mexiquense, el nombramiento fue publicado en gaceta de gobierno y entró en vigor, sin embargo, Victorino Barrios explicó que tras un encuentro con el rector Alfredo Barrera éste le comentó que habían promovido nuevos amparos y debían esperar a que se resolvieran.
Victorino Barrios por ahora despacha en un restaurante cercano a rectoría, pero ya prevé posibles medidas legales a las que podría recurrir, entre ellas, a un abogado para pedir al actual contralor universitario que deje su cargo o podría incurrir en usurpación de funciones.
Derivado de las reformas al Sistema Nacional Anticorrupción, los congresos locales tienen la facultad de nombrar a los titulares de los órganos de control de los órganos autónomos.
El nombramiento en la UAEMex no se había podido llevar a cabo porque la máxima casa de estudios promovió un amparo, que posteriormente se resolvió, donde los ministros de la Suprema Corte de Justicia determinaron que es facultad de los legisladores locales nombrar a esos funcionarios.
Pese a no tener un espacio donde trabajar ni acceso a los documentos universitarios, Victorino Barrios ya sostuvo un encuentro con el fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez, y en los próximos días espera reunirse con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
Posteriormente, prevé buscar al titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la de la Secretaría de la Función Pública para platicar en torno al tema de la «Estafa Maestra».
Hasta el momento el Poder Legislativo mexiquense no ha sido notificado de los amparos promovidos por la Universidad.
