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Los 115.5 millones de pesos que el gobierno federal destinará este año para las 20 alertas en 18 entidades apenas alcanzarán para invertir 517 pesos diarios por municipio, debido a que existen 611 localidades con decreto para recibir un tratamiento especial por la violencia de género que registran.
Los lineamientos que María Candelaria Ochoa Ávalos, comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres hace públicos este día en el Diario Oficial de la Federación, señalan que las solicitudes son libres para las 18 entidades con alerta. La asignación dependerá del tipo de proyecto y análisis que haga el Comité.
Si los recursos se repartieran por partes iguales entre las 18 entidades, tomando en cuenta que Veracruz y el Estado de México tienen doble alerta, apenas alcanzaría para entregarles 5.7 millones de pesos por alerta, de manera que a estos dos estados les corresponderían 11.4 millones a cada uno.
Pero si se toma en cuenta el número de localidades que están alertadas, Veracruz y Jalisco se llevarían la mayor parte de recursos, porque ambos tienen dos alertas totales donde se incluyen sus 58 y 125 municipios, respectivamente.
En total están contemplados, dentro de estas alertas, 611 municipios, de los cuales el Estado de México repite siete con alerta por desapariciones que son considerados también en la de feminicidio, decretada desde 2015.
Sin embargo, la asignación dependerá de quienes registren proyectos y del nivel de convencimiento que tengan los mismos para acceder a recursos de este fondo, el cual contempla un monto de 115 millones 503 mil 643 pesos.
Entre las reglas mencionadas se contempla el registro de proyectos detallados y la firma de un convenio. La decisión estará en manos del Comité y las entre las obligaciones posteriores está facturar el servicio y ejercer el recurso antes del 31 de diciembre, así como reportar bimestralmente sobre su ejercicio.
Para acceder al subsidio deben diseñar proyectos enfocados en seis modalidades, entre ellas el diseño e implementación de una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres, reconstrucción del tejido social y promoción de las plazas en aquellos territorios con más violencia.
En segundo lugar, contempla el diseño e implementación de una estrategia transversal en materia de derechos humanos de las mujeres y perspectiva de género, que tenga como objetivo transformar los patrones culturales y enseñe a la población a identificar la violencia, no generarla y denunciarla.
La tercera medida es promover la creación o fortalecimiento de cuerpos policiacos especializados para la atención de mujeres que sufren violencia o células especializadas para la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres.
La cuarta modalidad se refiere al desarrollo e implementación de una metodología para la selección y revisión de expedientes de investigación ministeriales de muertes violentas de mujeres, calificadas como feminicidios u homicidios dolosos.
La quinta es la conformación de equipos profesionales del derecho, la psicología y otros auxiliares de la justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, que acompañen, representen y atiendan casos de mujeres que viven o han vivido violencia.
Y la sexta es la elaboración de materiales impresos o digitales de información y difusión de los derechos de las mujeres, forma de violencia contra las mujeres y mecanismos de denuncia dirigidos a grupos de mujeres en mayor situación de vulnerabilidad.
