Abogados de la entidad lograron detener en el último momento la elección de 10 magistrados del Poder Judicial estatal y dejar en suspenso los nombramientos, hasta que la justicia federal revise y determine la legalidad de las convocatorias emitidas por el Consejo de la Judicatura.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Maurilio Hernández González, informó que el nuevo presidente de la Judicatura, Ricardo Sodi Cuellar, le informó que no están en condiciones de entregar la lista de magistrados electos porque subsisten cuatro amparos y el mandato del Poder Judicial federal es esperar hasta su resolución de fondo.
En total, explicó, se dio entrada a 10 solicitudes de amparo en contra del proceso y las convocatorias. Seis de ellos fueron sobreseídos, pero faltan cuatro más, los cuales podrían resolverse en días o meses, de acuerdo con la carga de trabajo de los espacios donde fueron radicados estos asuntos.
“Anoche pude hablar con el magistrado presidente de que no había condiciones legales para que se pudiera tratar el tema, en virtud de que no se han solventado una serie de amparos que respecto a ese tema se interpusieron, luego entonces hay ya una sentencia de un juez en el sentido de que hasta que no se subsanen este tipo de situaciones no se puede llegar a la conclusión de la última etapa del proceso y la última etapa de proceso es que la Legislatura los avale” abundó.
Esto obliga a la Legislatura a dejar pendiente este punto, ya agendado en la orden del día de este jueves 30, dentro de la convocatoria para periodo extraordinario que acordó la Diputación Permanente.
En tribuna, la Jucopo dará cuenta de las condiciones en las cuales se encuentra este tema y las razones por las cuales no se va a abordar, dado que no hay materia. Lo que procede es avisar a la Legislatura que queda en suspenso hasta cuando lo hayan subsanado.
Es necesario esperar a conocer el fallo definitivo del juez que lleva las solicitudes, y se subsanen las indicaciones que pueda emitir para estar en condiciones de continuar con el nombramiento de siete magistrados en materia penal y tres civiles.
El argumento de los quejosos es que las convocatorias emitidas por el Consejo de la Judicatura, encabezado por Sergio Medina Peñaloza, no fueron legales y se extralimitaron, al cerrar el paso a los litigantes externos, cuando la Ley Orgánica vigente expresa claramente su derecho a participar en igualdad de condiciones.
Esto fue a través de un requisito que impusieron: un curso de formación impartido en enero, el cual fue cerrado y con invitación restringida a los jueces que la Judicatura decidió invitar, de acuerdo con los legisladores.
La ley actual establece que tanto los funcionarios con carrera judicial como externos tienen derecho a concursar por una plaza en ese poder, siempre y cuando cumplan los requerimientos constitucionales y a través de una evaluación demuestren ser los mejores perfiles.
En los 10 espacios vacantes que dejaron Ariel de la O Martínez, María de la Luis Quiroz Carbajal, Armida Ramírez Dueñas, Alejandro Vera Vilchis, Héctor Pichardo Aranza, Rodolfo Antonio Becerra Martínez, Miguel Bautista Nava y Martha Camargo Sánchez, nombraron a jueces como encargados del despacho.
