A partir de este martes 21 de julio entró en vigor la nueva Política Estatal Anticorrupción, con 60 estrategias que incluyen acciones como crear una política criminal, un plan de persecución de delitos, estrategias de combate a la corrupción para sancionar delitos y faltas, el uso de plataformas digitales y la vigilancia de programas sociales, obras, contratos y compras.
La política incluiría una participación activa de la ciudadanía, se establecerán alertas ciudadanas, se agilizarán las denuncias y los trámites y se vigilará el uso correcto de los recursos y las licitaciones. Además, se plantea priorizar la atención a delitos como lavado de dinero, desvío de recursos, delitos electorales asociados con hechos de corrupción y conflictos de interés, asimismo se buscaría contar con fiscales, agentes y peritos especializados en edicha materia, unidades especializadas y vigilancia para que las autoridades cumplan con su labor.
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Después de hacer un diagnóstico, foros y recabar propuestas, el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción estatal planteó acciones para prevenir y combatir la corrupción, para lo que requerirá un presupuesto; también se pretende transparentar padrones y proveedores, impulsar el gobierno y el parlamento abierto, así como revisar nombramientos y designaciones.
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Entre otras cosas, destaca la creación de un sistema único sobre políticas sociales con un catálogo de apoyos y un padrón de beneficiarios; así como un sistema de información sobre compras y adquisiciones públicas, un padrón estatal de proveedores de gobierno y un sistema estatal homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal. Junto con acciones de fiscalización y auditoría, la política promueve impulsar la ética, la integridad, la educación en valores, pero también el conocimiento de la ley, de los actos de corrupción, de conflictos de interés. Para instrumentar los ejes rectores se preve un tiempo de dos a seis años.
El presidente del Comité de Participación Ciudadana, Alberto Benabid, dio a conocer que antes que en el Estado de México la aprobaron Zacatecas y Sinaloa, pero en esta entidad se agrega un eje a la política nacional, aumentan las prioridades y se acortan los tiempos de ejecución.
El documento aprobado el pasado 2 de julio entra en vigor a partir de su publicación en la Gaceta de Gobierno; su elaboración se realizó en un año de trabajo y en él participaron todos los sectores y los integrantes del Comité Coordinador, quienes distribuyeron las responsabilidades.
“Es importante porque es el plan para que funcione todo el sistema anticorrupción estatal, de ahí la importancia de su aprobación, con cinco ejes rectores, alineados a la política nacional, al cual se le va a dar seguimiento de manera permanente”.
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Los ejes estratégicos son cinco, uno más que a nivel nacional: la “Ética Pública e Integridad”, donde se evaluará el funcionamiento de los comités de ética y los códigos de conducta emitidos por cada dependencia, identificará, sancionará casos de conflicto de intereses, entre otras.
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En el eje denominado “Combatir la Impunidad” se integra la prevención, la denuncia, procuración e impartición de justicia; tratar de romper los paradigmas de la corrupción, identificar las redes se servidores públicos dedicados al cohecho y tráfico de influencias, fortalecer la transparencia, fortalecer las capacidades de la Fiscalía de Justicia.
El tercer rubro “Controlar la Arbitrariedad” tiene como prioridad la capacitación y profesionalización de los servidores públicos y procesos institucionales y fiscalización, aplicar tecnología para integrar un diagnóstico donde se visualice el nivel de confianza, disminuir los abusos de confianza, identificar los servicios de mayor riesgo y evaluar el desempeño de los servidores públicos.
Otro de los ejes es “Fortalecer las Interacciones Gobierno-Sociedad”, en este se contemplan programas, servicios públicos en el sector público y privado, desarrollo de políticas de transparencia proactiva y de gobierno abierto, simplificación de procesos; crear observatorios, laboratorios y modelos de innovación social para identificar riesgos y un sistema único de compras.
En “Involucrar a la Sociedad” consultarán datos de victimización, implementarán campañas en medios digitales y tradicionales que fomente la denuncia y aseguren cero represalias, impulsarán la participación de la sociedad y del sector privado, fortalecerán la investigación y la articulación de redes ciudadanas, entre otras.
A la Secretaría de la Contraloría le corresponde encabezar 54 de las 60 prioridades, las cuales empezarán a instrumentarse desde este mes para ir cumpliendo los plazos que acordó el Comité Coordinador: atender en su totalidad 19 prioridades en dos años, 23 en cuatro y 12 en más de cuatro años.
A nivel nacional, con cuatro ejes y 40 prioridades, su plazo más corto de cumplimiento es de tres años, otros de seis y de nueve años.
