El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de Ley para regular la subcontratación, mejor conocida como “outsourcing” y “terminar así con los abusos hacia las y los trabajadores del país”.
Durante la conferencia de prensada de este jueves, el mandatario federal, indicó que este mecanismo “se ha utilizado como una forma de defraudación fiscal que afecta a los trabajadores porque de esta manera les niegan sus prestaciones laborales, los despiden a fin de año masivamente y no les reconocen sus derechos laborales fundamentales, ni aguinaldo ni reparto de utilidades, nada, por este mecanismo que se creó para facilitar a las empresas los trámites de contratación de servicios”.
Resaltó que cada año, en diciembre, las empresas maniobran para no cumplir con las obligaciones laborales, lo que afecta no solo a trabajadores sino también a la Hacienda pública.
“En diciembre se caen los empleos. Estamos hablando de menos 378 mil empleos. Es casi lo que se perdió en un mes de pandemia, en diciembre de 2018 y vemos 2019, lo mismo. ¿Cómo se explica eso? Es un abuso a una ley que se creó aceptando sin conceder para facilitar los trámites a las empresas, que se dedicaran a producir y que no se desgastaran en los trámites laborales, pero se abusó”, explicó.
Indicó que las grandes empresas son las que más incurren en esta práctica, a diferencia de las medianas y las pequeñas.
La secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde Luján, sostuvo que la iniciativa es una propuesta de reforma integral en beneficio de las y los trabajadores, así como empresas que sí cumplen, de los institutos de seguridad social y de la Hacienda pública.
Busca armonizar las diferentes leyes “para que no existan huecos que permitan este tipo de simulaciones”.
La reforma está integrada por modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Ley del ISR, Ley del IVA y al Código Fiscal.
La propuesta consiste en regular tres figuras: la subcontratación de personal, los servicios especializados y las agencias de colocación.
Se prevén sanciones más severas para las empresas que incumplan, se procederá por el delito de defraudación fiscal, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondrán multas a todas las empresas que incumplan.
“De ser aprobada por los legisladores, esta propuesta va a permitir que podamos ir construyendo un mercado laboral más equitativo, más equilibrado, más justo y más productivo”, remarcó la titular de la STPS.
Las principales afectaciones son las inscripciones de trabajadores al IMSS por debajo de sus salarios reales, lo que a su vez afecta en sus jubilaciones y fondos de vivienda, liquidaciones e indemnizaciones frente a despidos, licencias de maternidad e incapacidades.
Otros de los problemas son la simulación en la relación laboral, el pago de utilidades, el impedimento de la organización de los trabajadores y la negociación colectiva y la antigüedad.
Las afectaciones a la Hacienda pública, como la evasión de impuestos, defraudación al fisco y evasión de cuotas.
Además de que genera competencia desleal al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por el pago a los trabajadores como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.
El documento fue firmado por el mandatario federal, para ser enviado al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.
“Estamos seguros que los legisladores van a analizar a profundidad esta propuesta y en su caso podrá aprobarse y ojalá y sea lo más pronto posible”, expresó.
En la firma de la iniciativa, estuvieron presentes la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto; el consejero adjunto de Control Constitucional de la Consejería Jurídica de Presidencia, Raúl Mauricio Segovia Barrios; el procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda; el director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez; el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez y la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez.
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