Está en duda si la votación del presidente de Poder Judicial será abierta o cerrada

No se han publicado las reformas
2 enero, 2020

El Tribunal Superior de Justicia mexiquense está listo para que este martes 7 de enero se lleve a cabo una sesión privada, donde los 62 magistrados elijan al nuevo presidente del Poder Judicial para el periodo 2020-2025, de entre siete posibles aspirantes.

Hasta el momento, todo parece indicar que se aplicará la norma vigente y la votación se hará de manera abierta o cerrada, según lo determinen ese día los magistrados con derecho a voto, pues hasta el momento el Ejecutivo no ha publicado las reformas que hizo el pleno de la Legislatura para que los votos sean secretos.

El consejero Palemón Jaime Salazar Hernández indicó que el Poder Judicial acatará la ley en todos sus términos; a la fecha, la norma vigente señala que el proceso puede ser abierto o cerrado, a menos que entre en vigor la nueva norma.

“Si la Legislatura considera que debe ser de otra manera atenderemos lo que marca la ley, quien resulte electo o electa iniciaría de manera inmediata sus funciones. Es un cambio normal que se da dentro de la institución” puntualizó.

Mientras eso ocurre los aspirantes: Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, José Luis Maya Mendoza, Eduardo Alejandro Jaramillo Salgado, Vicente Guadarrama García, Marco Antonio Díaz Rodríguez y Enrique Víctor Manuel Vega Gómez están definiendo si se registran formalmente para participar.

De manera extraoficial se habla de que la elección sólo sería entre tres: Sofi Cuéllar, Vicente Guadarrama y Elizabeth Rodríguez.

Todos han llevado a cabo varias actividades de promoción, ya sea en internet, de manera directa con los jueces y magistrados y con el reparto de programas de trabajo, así como reuniones, con el objetivo de demostrar que son la mejor opción.

Sin embargo, será hasta el martes 7 de enero cuando decidan si participan o no en la elección, a través de la cual se sustituirá a Sergio Javier Medina Peñaloza en el cargo. Los candidatos serán votados y quien tenga la mayoría de votos entrará en funciones de manera inmediata.

El presidente en turno, Sergio Medina, informó que hasta ese día sabrán finalmente cuáles son las opciones para votar. Ahí los candidatos presentarán su programa de trabajo sin limitantes.

Para los magistrados consultados todo indica que la elección se llevará a cabo con las mismas reglas de los últimos procesos y que el Ejecutivo no publicará las reformas antes del 7 de enero, para no afectar la división de poderes.

El dictamen se aprobó en el Congreso local desde el 5 de diciembre pasado y al día siguiente fue turnado al Ejecutivo para su publicación, pero hasta la fecha sigue sin difundirse en la Gaceta de Gobierno.

Legalmente el tiempo para hacer observaciones al dictamen está por concluir. El artículo 77 de la Constitución establece que el gobernador tiene 30 días naturales a partir de la notificación para hacer observaciones, pero hasta el momento no lo ha hecho.

Las opciones que contempla el artículo 59 es que el mandatario estatal “podrá formular observaciones a las leyes o decreto que expida la Legislatura y remitirlas para su discusión y, en su caso, aprobación dentro de los treinta días naturales siguientes a su recepción”.

Aclara que éstas pueden ser desechadas de manera total o parcial y que las observaciones deberán ser discutidas de nuevo por la Legislatura, pero para ser confirmadas necesitan del voto de dos terceras partes de los legisladores y entonces deben ser publicadas sin dilación por el Ejecutivo.

Cuando no se aprueben en estos términos el tema podrá ser sometido nuevamente a discusión hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Aunque el gobierno estatal se encuentra de vacaciones y regresan a laborar hasta el 7 de enero, existe la posibilidad de que el acuerdo sea publicado en la Gaceta antes de este plazo o que en este tiempo envíen a la Oficialía de Partes del Congreso, el pliego de observaciones con los argumentos del veto que ejerza por primera vez el gobernador de la entidad, en defensa del Poder Judicial quien acusó esta medida como una injerencia y falta de respeto a la división de poderes.

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