Impone Función Pública multa millonaria a exsecretaria de Cultura de EPN

Fue inhabilitada del servicio público María Cristina García Cepeda, por un periodo de 10 años, después de ser sancionada por la Secretaría de la Función Pública (SFP), y deberá pagar una multa de casi 20 millones de pesos, debido a que fueron identificadas actividades irregulares en el manejo de donativos del proyecto “Museo de museos”, mientras fue titular de la Secretaría de Cultura del Estado de México, en la gestión de Enrique Peña Nieto.

La dependencia informó mediante un comunicado de prensa que también serán sancionados el ex Oficial Mayor Francisco Cornejo y la Ex Directora General de Administración María Eugenia Araizaga,de la misma dependencia, por su responsabilidad en el manejo irregular de donativos que ascienden a los 59 millones, que iban a ser destinados al proyecto museístico, mismo que no se concretó.

A cada uno de los funcionarios a los cuales se les encontró como responsables se les impuso una multa resarcitoria de 19 millones 771 mil 154 pesos.

Al respecto, la titular de la SFP Irma Eréndira Sandoval, afirmó:

“Estamos acabando con la impunidad en el indolente manejo de los recursos públicos durante el régimen neoliberal”.

Según la investigación de la SFP, los recursos fueron entregados bajo concepto de donación a una asociación civil:

Uno por 50 millones de pesos, en marzo de 2017, y otro por 9 millones 313 mil 461 pesos, en julio de 2018, sin considerar las normas aplicables, causó un daño al erario debido a que no se concretó la realización del museo como resultado de un deficiente ejercicio de funciones de los responsables.

La SFP, los señala como responsables de direccionar esos recursos a modificaciones al Antiguo Palacio del Marqués del Apartado, sin contar previamente con autorización por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para realizar las intervenciones de espacios considerados patrimoniales, violando así la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y la Ley General de Bienes Nacionales.

La dependencia indica que las indagatorias iniciaron en noviembre de 2018 después de que Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) de la SFP, detectó posibles irregularidades en el uso de los recursos.