El Estado de México es uno de los 23 que no ha transparentado la información de sus contrataciones en el marco de la emergencia sanitaria, y de hecho, prácticamente ninguna dependencia mexiquense ha dado a conocer licitaciones, ni adjudicaciones hechas este año.
Transparencia mexicana y Tojil presentaron un informe de seguimiento a planes, programas acciones y recursos vinculados con la emergencia económica y sus consecuencias económicas y sociales, donde advierten que apenas 9 de las 32 entidades transparentan información sobre sus contrataciones: Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Zacatecas.
El informe alerta que el mayor riesgo de corrupción sigue en las entidades donde no se publica ningún tipo de información sobre las contrataciones realizadas, por lo cual insiste en la necesidad de publicar datos en un esquema multiformato con base de datos abiertos y contratos PDF descargables.
Las organizaciones resaltan que dar publicidad a las contrataciones en 9 entidades es positivo, pues posibilita la rendición de cuentas, pero el hecho de que 23 no lo hagan, entre ellas la mexiquense, es un riesgo latente de corrupción.
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En el rubro de presupuesto sobre la pandemia y sus efectos Transparencia Mexicana y Tojil destacan que 13 entidades no han publicado información, pero otras 19 ya lo han hecho, y en el caso del Estado de México el gobierno cuenta con un sitio web oficial especial para informar sobre el Covid-19 y sus efectos económicos.
Ahí, las autoridades publican el presupuesto asignado a la emergencia que es de 2 mil 400 millones, pero no lo detallan, ni dan a conocer compras, ni adquisiciones.
Opacidad en todo
La plataforma de Información Pública de Oficio del Estado de México (Ipomex) muestra que ni la Secretaría de Finanzas, ni la de Salud, ni tampoco el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM) han dado a conocer licitaciones, ni adjudicaciones de este año.
Los últimos datos son del 2019, pues prácticamente ningún rubro de las diferentes dependencias ha sido actualizado al 2020, a pesar de que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información estatal obliga a publicar información actualizada.
