Por: Violeta Huerta y Gabriela Landetta
Diputados locales de Morena y del PAN coincidieron en que el ex presidente y ex gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto debe ser investigado por los supuestos beneficios a la empresa, propiedad del ex mandatario y de su familia, “Sociedad Mercantil Plasti-Estéril, S.A. de C.V.” por más de 12 mil millones, en contratos otorgados a la farmacéutica Baxter International Inc.
Con la pandemia se viven las consecuencias de que los recursos -que debían ser para fortalecer el sistema de salud- se fueran a negocios y presumiblemente a beneficiar amigos o familiares, en una forma de hacer política que se exhibe con casos como Higa, OHL, y otros escándalos
En entrevistas por separado Azucena Cisneros, Faustino de la Cruz y Max Correa de Morena, así como José Antonio García del PAN advirtieron que tanto la Secretaría de la Función Pública, como la Unidad de Inteligencia Financiera y la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) deben investigar si se cometieron irregularidades en la asignación de esos contratos y deslindar responsabilidades.
Los morenistas recordaron que a ese caso se suman sospechas de corrupción por la simulación en la compra de ventiladores, el caso Lozoya, las observaciones hechas por la ASF en el informe de la última cuenta pública del ex mandatario, donde detectó pagos indebidos y posibles daños al erario; además de la concesión del Viaducto Bicentenario, la estafa maestra, entre otros, y no descartaron que puedan surgir más casos.
También consideraron que la posibilidad de que el ex presidente haya beneficiado a su familia, como lo revela un reportaje del periódico El Universal, demuestra que el sexenio anterior estuvo plagado de corrupción, por lo cual deben iniciarse las investigaciones necesarias no solo contra Peña; sino contra todos los que puedan estar relacionados y buscar la recuperación de bienes.
Las opiniones
La diputada de Morena Azucena Cisneros advirtió que debe investigarse a fondo, pues con la pandemia se viven las consecuencias de que los recursos -que debían ser para fortalecer el sistema de salud- se fueran a negocios y presumiblemente a beneficiar amigos o familiares, en una forma de hacer política que se exhibe con casos como Higa, OHL, y otros escándalos.
Añadió que existen muchos indicios que deben dar pie a investigaciones y hacer un llamado a la Unidad de Inteligencia y a la ASF para indagar y sancionar, pues no es ético vincular la política a los negocios y no descartó que puedan pedir alguna investigación.
“Ya hay muchos indicios, no veo por dónde pudieran justificarse; nunca se ha querido hacer una cacería de brujas, ni emprender revanchas, pero sí investigar porque el hecho de beneficiar a una empresa familiar es bochornoso y no debe dejarse pasar”, advirtió.
Por su lado, Max Correa consideró que tras revelarse posibles beneficios a una empresa de la familia de Peña Nieto seguramente surgirán más casos donde la Fiscalía tendrá que actuar y la ciudadanía tomar conciencia y exigir a autoridades que se proceda legalmente contra quien resulte responsable por posibles actos de corrupción y de influyentismo, pero también para que se devuelva lo robado.
Advirtió que deben dar muestra de que la Cuarta Transformación está en contra dela corrupción y que se debe empezar a recuperar al pueblo lo robado, pues hay elementos para investigar y actuar en temas como el Viaducto Bicentenario, donde la concesión que se otorgó fue ilegal y es necesario dar libre paso a los ciudadanos en esa vía.
“Habrán de surgir más y más elementos, esta nota habla de más de 12 mil millones de pesos, ese es el monto que reciben en un año los campesinos de menos de cinco hectáreas en el Programa de Producción para el Bienestar. Que miles de campesinos reciban esa cantidad al año, y que una sola empresa de la familia del ex presidente Enrique Peña Nieto lo haya recibido durante su sexenio, de verdad que no tienen límite en su ambición”.
A su vez, Faustino de la Cruz de Morena consideró que tanto la Unidad de Inteligencia Financiera, como la Auditoría Superior de Fiscalización deben ir a fondo para investigar, castigar, pero también para promover la recuperación de bienes, vía la extinción de dominio.
La noticia de posibles beneficios a una empresa de la familia del ex mandatario, dijo, confirma que el anterior sexenio estuvo plagado de corrupción, por lo cual amerita investigaciones a fondo y anunció que analizan llevar el tema a tribuna de la Legislatura local.
“Podemos desde el congreso acompañar con un exhorto o pronunciamiento para que la UIF y la ASF agilicen las indagatorias. En eso estamos ahora que todo se normalice para llevar el tema a tribuna”
En tanto, José Antonio García del PAN opinó que el reportaje sobre los presuntos beneficios que el expresidente otorgó durante su sexenio a una empresa ligada a él y a su familia en la asignación de contratos por hasta 12 mil millones de pesos debe generar una investigación, pues los recursos públicos deben utilizarse de manera eficiente y responsable, alejados de prácticas de corrupción.
“Es indispensable que el actual Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función Pública y en coordinación con la Fiscalía General de la República, en el ámbito de sus facultades y atribuciones, inicien y realicen las investigaciones correspondientes a la empresa Baxter S.A. de C.V, a efecto de verificar que no existan irregularidades en dichos contratos, o en su caso, de detectarlos inicien las acciones que conforme a derecho proceda contra los responsables”
En el combate y la erradicación de la corrupción, advirtió, no debe haber intocables, sin importar si se trata de expresidentes, o de sus familiares, pues la ley debe aplicarse igual para todos, incluso si se trata de colaboradores o amigos del actual mandatario federal y aprovechó para señalar que el Gobierno Federal debe bajar el ritmo a las adjudicaciones directas, pues de acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en lo que va del 2020, el 77.2% de los contratos que ha otorgado han sido por adjudicación directa.
Aún cuando este medio buscó la opinión del PRI, a través de su área de prensa, no hubo respuesta a la solicitud de entrevista.
¿Y la academia?
A pesar de que cada vez hay más elementos que incriminan al expresidente Enrique Peña Nieto con actos de corrupción durante su gobierno, legalmente no puede ser sometido a juicio político, de acuerdo a la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los cambios hechos a la Constitución Política en esa materia aun son insuficientes para poder enjuiciar a un exmandatario.
Luego de que este jueves saliera a la luz pública que Enrique Peña Nieto era dueño de una empresa que se benefició con contratos multimillonarios durante su sexenio, la catedrática Ivonne Gómez Pérez, especialista en derecho administrativo, laboral y constitucional, refirió el artículo 108 constitucional −modificado por la actual Legislatura− no permite que el exgobernante del país sea sometido a juicio político.
“Aunque sea verdad –las acusaciones en su contra− el expresidente, es intocable, no puede ser juzgado”. Es más, menciona que el artículo señalado establece textualmente que “el presidente de la República durante el tiempo de su encargo solo podrá ser acusado de traición a la patria y delitos graves del orden común”.
Al respecto la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisa que el título cuarto de la Constitución Federal “excluyó al presidente de la República de responsabilidad oficial y de la procedencia del juicio político en su contra, porque sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común conforme a lo dispuesto por sus artículos 108 y 110”.
En febrero de este año The Wall Street Journal ya daba cuenta de una investigación en curso en contra de Peña Nieto, como parte del proceso legal en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en el marco del mayor caso de corrupción detectado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
En ese entonces, a pesar de que se había confirmado que el exmandatario era investigado por los sobornos millonarios que recibió su subordinado de la constructora brasileña Odebrechet, así como de la siderúrgica mexicana Altos Hornos, para obtener contratos con Pemex, igualmente millonarios, el asunto no pasó a mayores para el mandatario.
“La corrupción es un tema que ha dañado históricamente a nuestro país en términos económicos, políticos y sociales”, expresó por su parte Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México, al referirse a la investigación realizada por El Universal y difundida por otros medios nacionales, en la que se da a conocer los pormenores de la empresa “Sociedad Mercantil Plasti-Estéril, S.A. de C.V.”, propiedad de Enrique Peña y su familia.
Para la dirigente empresarial de la entidad, es prioritario que tanto las empresas como el sector político actúen de manera responsable, “por lo que es obligación de la autoridad dar prioridad a este tema, prevenir y dar seguimiento”, implementando los mecanismos necesarios para que en todos los casos de corrupción que se detecten, “en absolutamente todos los niveles y órdenes de gobierno”, se proceda en consecuencia.
En tanto, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, destacó que uno de los ejes fundamentales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el ataque a la corrupción, “fenómeno que se define como abuso del poder para beneficio propio y hoy tres de cada cuatro mexicanos ven a la corrupción como un problema que no ha cedido”.
