El diputado Benigno Martínez García, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LX Legislatura, propuso expedir la Ley de Educación del Estado de México como un ordenamiento legal acorde a las actuales necesidades y exigencias de la población.
Se trata de una nueva ley que vincule a los estudiantes con el ámbito laboral, que ofrezca las mismas oportunidades de recibir educación y que dé claridad sobre los derechos y obligaciones de cada uno de los actores del ámbito educativo, con el propósito de eliminar la brecha de desigualdad en el sector educativo, generando un piso mínimo de igualdad y acceso a la educación.
La nueva ley establece que la evaluación del sistema educativo nacional que realizaba el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ahora sea permanentemente mediante trabajos de investigación educativa básica y aplicada por parte del Instituto Superior de Ciencias de la Educación del Estado de México y de las escuelas normales de la entidad.
Además, las escuelas normales y los centros de maestros deberán fortalecer su estructura física, equipamiento y personal, y los cuadros administrativos de las escuelas normales se deberán renovar para abrir espacios permanentes para la innovación y transformación institucional.
La formación profesional y en servicio de los maestros, así como su promoción laboral, responderán únicamente a lo establecido en la normatividad aplicable, además de que los docentes ante grupo de las escuelas mexiquenses de nivel básico y medio superior dedicarán el 80% de la jornada laboral a actividades pedagógicas
Considera necesario que la formación para el trabajo esté directamente vinculada con la demanda de mano de obra, que desde el nivel básico se inicie la formación de los estudiantes en las áreas de la educación financiera y digital, que se otorguen becas económicas a los estudiantes que lo requieran e impulsar y reconocer la formación de estudiantes destacados a través de instituciones específicas para ello.
La iniciativa fue enviada a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su dictamen.
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