Rechazan partidos reducción de financiamiento

Representantes del PRD, PRI y el líder estatal del PVEM se manifestaron en contra de la propuesta que busca reducir en un 60% el financiamiento a los partidos políticos desde este año, pues consideraron que es una estrategia de Morena para debilitarlos y sacarlos del escenario electoral.

En entrevistas por separado, consideraron que la medida sería muy lesiva porque tienen deudas, multas, cuentan con estructura operativa a nivel estatal y municipal, tiene recursos etiquetados y desde el año pasado el 34% del financiamiento está concentrado en un solo partido: Morena.

Este año los partidos a nivel local recibirán 697.2 millones de pesos. El monto más alto de todo el país; le siguen los de la Ciudad de México con 435.7 millones, Veracruz con 326.8, Puebla con 255 y Nuevo León 224 millones.

Del total de recursos públicos 20.3 millones son para actividades específicas y 676.9 millones para ordinarias, donde se contempla un porcentaje para impulsar el liderazgo femenino que no puede ser destinado a otros renglones.

Lo que en realidad quieren el presidente y Morena, opinó Tonatiuh Medina Meza, es sacar al PRI y a otros partidos del escenario de competencia, reducirlos y dejarlos atados de manos.

Además, todos tienen deudas que no ha logrado cubrir, desde la elección de gobernador, mismas que mensualmente les ocupan el 50% de los recursos, estiman que a este ritmo podrían terminar de pagar en el año 2022 o 2023.

De los 697.2 millones de financiamiento, 239.9 son destinados a Morena y los 457.3 millones restantes a otros siete partidos. En septiembre les quitarán una parte más para dar recursos a los tres o cuatro nuevos partidos nacionales que llegarán al Estado de México.

Bajo este escenario, José Couttolenc Buentello, del PVEM, José Juan Barrientos Maya, del PRD y Tonatiuh Medina Meza, del PRI, consideraron que los afectaría mucho y significaría prácticamente su aniquilación, porque no tendrían cómo operar.

Recordaron que el principio constitucional es que el financiamiento privado no puede rebasar el público, por lo cual algunos partidos tendrían que subsistir todo un año con muy pocos recursos, si se toma en cuenta que sus ingresos se reducen a la mitad por las multas que les impusieron desde el 2016.

José Barrientos Maya, representante del PRD en el IEEM, sostuvo que desde su ascenso, Morena ha buscado neutralizar a la oposición por la vía económica, sin reconocer el sistema de partidos, ni los principios que impulsó la izquierda para evitar la entrada de dinero ilícito a las campañas.

Consideró que no es válido pedirles que renuncien a las prerrogativas a las cuales tienen derecho, porque eso generaría desigualdad en la antesala de las elecciones intermedias, además de ser ilegal e inviable.

El dirigente del PVEM, José Alberto Couttolenc Buentello, subrayó que reducirles los recursos los limitaría mucho y tendrían que despedir mucha gente, sin que esto signifique una solución al problema que se avecina por los estragos del COVID-19, por lo cual, opinó, las respuestas se deben tomar con mayor visión, sin tratar de solucionarlas con “aspirinas”.

Tonatiuh Medina Meza, del PRI, indicó que la finalidad real de esta propuesta es sacarlos de la competencia en Hidalgo y Coahuila y luego en todas las entidades, y la elección federal del 2021, porque no necesitan este dinero cuando se tienen varios fideicomisos a la mano.

El PRI, señalo, ha sido claro y desde el 2018 su posición ha sido en contra. “Es demagógico decir que somos los partidos quienes tenemos que poner a su disposición nuestra prerrogativa”.

Consideró que si el presidente realmente quisiera ayudar podría posponer sus obras para el 2022, llegar a un acuerdo fiscal con el empresariado y dar a conocer a todos los beneficiarios y reglas de operación de sus programas sociales para ver cuáles funcionan.

Lo que en realidad quieren el presidente y Morena, opinó, es sacar al PRI y a otros partidos del escenario de competencia, reducirlos y dejarlos atados de manos.

Desestimó la posibilidad de que esta propuesta pase, porque requeriría el voto de las dos terceras partes de los legisladores.