El Poder Judicial del Estado de México está entre los cuatro más opacos del país, esto se debe a que no ha dado respuesta a las preguntas realizadas a través del área de transparencia, pues consideró que no era su obligación informar o se justificó argumentando no contar con la información sobre estadística judicial, mecanismos de participación ciudadana o presupuestos, entre otros datos.
Un informe sobre la evaluación de los 32 poderes judiciales de las entidades federativas revela que ninguno de ellos alcanzó el 50% de la puntuación deseada, por lo que todos fueron reprobados en transparencia.
Las entidades evaluadas con cero fueron Puebla, Morelos, Aguascalientes y el Estado de México. Con entre cinco y 20 de los 100 puntos posibles quedaron seis entidades, entre ellas Querétaro y Jalisco. Doce entidades más tienen obtuvieron entre 21 y 40 puntos, caso de la Ciudad de México y Chiapas. Sólo tres tuvieron entre 40 y 47.5% de los créditos, es decir, todos los estados resultaron reprobados.
El ranking de opacidad judicial realizado por la organización “Equis Justicia para las Mujeres”, durante el 2019, refiere que en 18 de las 32 entidades el Poder Judicial local no reconoce ni registra, el número de sentencias emitidas; en este reporte el Estado de México, Baja California Sur y Tabasco señalan que no es su obligación tener esta información.
Sólo el estado de San Luis Potosí consideró de interés público todas las sentencias emitidas; el Estado de México no tuvo la información para poder responder, al igual que otras nueve entidades, entre las cuales destaca la Ciudad de México.
Mientras Durango publica todas sus sentencias, el Poder Judicial de Michoacán y el de Quintana Roo apenas lo hacen con el 1% y el resto de las entidades menos de esta cantidad, con excepción de Tamaulipas, donde no se pudo determinar el porcentaje, porque no se conoce el total de resoluciones emitidas.
Los estados que no proporcionaron el número de sentencias y además no consideraron alguna sentencia de interés público, además de no hacer éstas públicas fueron Aguascalientes, Baja California Sur, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas.
Lo anterior revela que no existe consenso entre lo que significa interés público, pues mientras San Luis Potosí señala que todas las resoluciones son de carácter público, la Ciudad de México dice que sólo las más notables merecen esta categoría. Campeche asegura que sólo las que produzcan efectos en la sociedad deben ser consideras de interés público, para Chihuahua sólo las que interesan a las partes involucradas deben considerarse bajo este rubro.
Al preguntarles qué trabajo hacen para difundir las sentencias de interés público, la mayoría de los poderes judiciales no cumple con su obligación de difundir sentencias e información pública tomando en cuenta la población a la que se dirigen. Solamente Chihuahua reportó al menos un mecanismo de accesibilidad para personas con discapacidad; el Edomex no registró ninguna medida.
El estudio detalla que las sentencias no son la única información pública que los poderes judiciales deben difundir, pues de acuerdo con la ley deben hacerlo proactivamente con toda la información de interés público, lo cual los obliga a detectar todo lo relevante para la sociedad y difundirla de manera más eficiente, por lo cual se designa a un responsable de la Unidad de Transparencia, encargado de promover e implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad.
En la mayoría no hay mecanismos de participación ciudadana, incluso todos confunden este término y dicen que lo tienen cuando entregan despensas, hacen jornadas de salud visual, campañas de prevención del cáncer, entre otras. A diferencia de quienes crearon un observatorio judicial, dieron cursos de inducción y actualización del nuevo sistema penal acusatorio a organizaciones, abogados y periodistas, por citar algunas medidas.
Asimismo, en 20 estados los poderes judiciales no cuentan con presupuesto para cumplir con las obligaciones de transparencia, sólo lo tienen en Querétaro, Ciudad de México, Yucatán, San Luis Potosí y otras ocho entidades.
Esto los hace concluir que hay una falla institucional grave debido a que los poderes judiciales locales no conocen sus obligaciones en transparencia y acceso a la información, y quienes conocen sus obligaciones no tienen voluntad de cumplirlas.
Además, hacen falta recursos humanos y materiales para cumplir las obligaciones que establece la Ley de transparencia, homologar criterios, trabajar en el registro de sentencias emitidas y publicar las versiones públicas para cumplir con sus obligaciones.
El estudio concluye que es necesario modificar estas conductas y así incidir en el número de delitos que se denuncian, porque sólo 8% llegan al Ministerio Público por el bajo nivel de denuncias, algo que obedece a la poca eficiencia de las instituciones para investigar delitos y administrar justicia, la desconfianza en las instituciones y la discriminación.
De los pocos delitos que se denuncian, una minoría se judicializa, pero no se garantiza una sentencia, ni la protección y justicia, por lo cual urge que los poderes judiciales cambien y garanticen transparencia y rendición de cuentas, como corresponde a cualquier área pública.
