El gobierno estatal no ha justificado debidamente el uso y destino de 26 mil millones de pesos de recursos públicos, de los cuales 17 mil millones corresponden a administraciones anteriores que dejaron pendientes desde el ejercicio fiscal 2008.
El secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, explicó que recibieron esta administración con un pendiente de 17 mil millones de pesos, de los cuales 13 mil millones corresponden a auditorías a las Cuentas Públicas realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 4 mil millones por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Todo esto correspondiente a ejercicios anteriores, de los gobiernos de Enrique Peña y de Eruviel Ávila, que datan desde 2008 y hasta el 2016 y que fueron rezagando por fallas en el proceso de respuesta a las puntualizaciones que les hicieron los órganos fiscalizadores.
A esas cantidades se sumaron lo de Cuenta Pública 2016 y los dos primeros informes de 2018. Con la ASF traen 22 mil millones pendientes de solventar y con la Función Pública 4 mil millones que dan un total de 26 mil millones de pesos.
De lo correspondiente a esta gestión habían solventado 5 mil millones a principios del año pasado, pero siguen en espera de que les notifiquen si ya quedan cerradas esas observaciones o todavía falta información.
De las anteriores han estado haciendo todo el trabajo correspondiente para concluir esos pendientes en este año y arrancar el 2021 sólo con temas referentes a la última cuenta, sin rezago en la respuesta a los pliegos generados por la ASF y por la SFP.
De acuerdo con el diagnóstico que llevaron a cabo, las fallas en las anteriores administraciones fueron prácticamente las mismas: falta de documentación comprobatoria, sub ejercicio, obra pagada no ejecutada, escaso interés de los ejecutores, designación de enlaces de personas que no tenían el nivel ni conocimiento para hacerlo, una mala integración de expedientes, no se atendían dentro de los plazos otorgados por los entes fiscalizadores, se enviaba documentación repetida o innecesaria, entre otros aspectos.
Todo ello, aseveró el secretario, se ha atendido con nuevas estrategias y una nueva política pública, donde se designó como enlace con los entes fiscalizadores externos al secretario de la contraloría, con lo cual ya tienen enlaces adecuados en cada dependencia y grupos de trabajo con la secretaría y el órgano de control interno de cada dependencia y organismo auxiliar.
Los programas de auditoría se enfocaron a las áreas donde más recurrentemente surgían las observaciones de la ASF y la SFP y con el uso de las tecnologías, así como auditorías integrales y la automatización de los procesos va avanzando.
Afirmó que ya tienen un mejor control por parte del gobierno del estado y de los secretarios ejecutores del gasto, pues dan seguimiento desde la asignación del recurso hasta su ejecución y pago a los proveedores y contratistas, con lo cual están a punto de cambiar toda la inercia que se traía “y ya no permitir que la bola de nieve que nos dejaron siga creciendo”, concluyó Javier Vargas.
