“El Viaducto Bicentenario es uno de los ejemplos paradigmáticos de la corrupción peñanietista, la cual no fue casualidad, no eran actos aislados, era una corrupción sistemática y planeada”, así lo califica el abogado Paulo Díez Gargari, quien encabeza una demanda para que exigir al gobierno federal revoque la concesión a OHL (hoy Aleatica).
Díez Gargari denunció que a través del Viaducto Bicentenario, el gobierno estatal y federal encabezado por Enrique Peña Nieto se dedicaron a “saquear sistemáticamente, primero al Estado de México y después durante seis años a todo el país”.
De acuerdo con Díez Gargari, Aleatica obtiene beneficios indebidos y tan solo en 2019 tuvo un ingreso ilegal por cuotas de peaje del Viaducto Bicentenario por casi 1.000 millones de pesos, ganancias que van en perjuicio de los ciudadanos y del país.
Recordó que OHL ha sido señala en actos de corrupción, y en Viaducto Bicentenario no es la excepción, a pesar del cambio de nombre y de dueños.
“Ahora nos quieren venir a decir los nuevos dueños que todo está arreglado porque han cambiado de nombre de OHL a Aleatica. El beneficiario de la corrupción no ha desaparecido y esa corrupción sigue generando beneficios”, añadió.
El abogado precisó que el viaducto “es un bien nacional de uso común”, que está sujeto al régimen de dominio público de la Federación y explicó, publicando en redes sociales un documento solicitado vía transparencia que “carece de una concesión del Gobierno otorgada por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)” para construir, operar, explotar, conservar y mantener los caminos federales.
RECUPERACIÓN SIMBÓLICA
Díez Gargari y un grupo de ciudadanos este 30 de septiembre “recuperaron simbólicamente” un tramo del Viaducto Elevado Bicentenario en el municipio de Naucalpan, con el objetivo de exigir al gobierno federal el rescate de la vialidad y anule el peaje.
El abogado mencionó que convocó al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Jorge Arganis, quien no asistió.
ALEATICA RESPONDE
Un vocero de Aleatica dijo a la agencia Efe que la empresa considera “desafortunada” la toma de vialidad, promovida por Díez Gargari a quien señaló como representante de Infraiber, empresa a la que en 2015 el Estado de México le rescindió un contrato para instalar un Sistema Independiente de Verificación Vehicular en carreteras.
“Además de ser una forma indebida e ilegal de buscar presionar al Gobierno federal, es un intento más de tratar de imponer una agenda privada, haciéndola parecer de interés público”, apuntó el representante.
Señaló que Díez Gargari ha intentado de forma fallida y “en distintas ocasiones desconocer la validez del título de concesión que el Estado de México licitó de forma pública y competitiva para la operación del Viaducto Elevado Bicentenario”.
Recordó que dos tribunales federales, en primera instancia en 2017 y en revisión en 2019, desecharon los argumentos del abogado.
