Justicia en el caso Atenco conlleva castigar a Peña Nieto

Aunque en algún momento hubo detenidos por la situación de Atenco, en 2006, el verdadero responsable es Peña Nieto
4 mayo, 2020

La memoria mantiene vivo el movimiento de resistencia de San Salvador Atenco a 14 años de la infame represión –como la llamó Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra– vivida por este pueblo y las comunidades circunvecinas el 4 de mayo de 2006.

La justicia sería, explicó del Valle en entrevista para AD Noticias, el castigo al responsable directo, incluso confeso, Enrique Peña Nieto, así como de los mandos que participaron en la represión disfrazada de operativo para evitar acallar la defensa de la tierra y el alto a la destrucción ambiental y social provocada por el proyecto de construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

A 14 años, Del Valle sigue condenando “a los gobiernos nefastos que no representaban el interés y la justicia social en esta comunidad” y actualmente siguen rechazando los proyectos que se realizan sin brindar información amplia a los pueblos, que invaden o despojan sus territorios.

El Frente, dijo, rechaza la imposición de proyectos, como la autopista Peñón-Pirámides –que tendría una extensión de 17 kilómetros con cuatro carriles para comunicar a las carreteras Peñón-Texcoco y Ecatepec-Pirámides, detrás de la cual se encuentra la empresa Pinfra– un trazo en el que, aunque existe un dictamen de los tribunales para restituir la tierra tal y como se encontraba antes del proyecto, se sigue trabajando según el plan inicial: como obra complementaria al aeropuerto que ya no se construirá en esta zona, pues la idea es desalojar a las comunidades.

Aunque en algún momento hubo detenidos por la situación de Atenco, en 2006, dijo, son sólo los que obedecen, pero el responsable es el Estado, representado, en ese momento, por Enrique Peña: el caso no se puede cerrar hasta que no haya justicia.

En el operativo donde hubo una gran cantidad de heridos, por ejemplo, el estudiante Alexis Benhuma, quien murió días después por el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno o las mujeres que fueron víctimas de agresiones y abusos sexuales, quienes, ante la negativa de dar seguimiento al caso y ante la revictimización, presentaron y mantuvieron una denuncia en instancias internacionales.

En noviembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió, al recurso interpuesto el 17 de septiembre de 2016, un comunicado en el que señalaba a “los Estados Unidos Mexicanos como responsables de violencia sexual, violación y tortura cometida en contra de 11 mujeres”, se concluyó que “el uso indiscriminado de la fuerza por parte del Estado en este caso fue resultado de una ausencia de regulación adecuada, una falta de capacitación de los agentes, la supervisión y monitoreo ineficiente del operativo y una concepción errada de que la violencia de algunos justificaba el uso de la fuerza con todos”.

Actualmente, las mujeres que presentaron la denuncia ante la corte Interamericana no han recibido ni han aceptado ninguna indemnización ni nada que tenga que ver con dinero, pues implicaría un cierre del caso

La Corte Interamericana dio un plazo de dos años para, entre otras acciones, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del Estado de México, y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado, así como un plan de fortalecimiento calendarizado del Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, que incluya la asignación de recursos para el cumplimiento de sus funciones en el territorio nacional, y establezca plazos anuales para la presentación de informes, este periodo se cumple en diciembre.

Actualmente, las mujeres que presentaron la denuncia ante la corte Interamericana, explicó Ignacio del Valle, no han recibido ni han aceptado ninguna indemnización ni nada que tenga que ver con dinero, pues podría implicar un cierre del caso, además, dijo que seguirán pugnando por la justicia en el entendido de que, finalizó, “la tierra y la dignidad no tienen precio».

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