Familiares de personas privadas de su libertad y activistas, integrantes del Movimiento «Presunción de Inocencia» pidieron que tanto la Secretaría de Seguridad como la Secretaría de Salud del Estado de México informen cuál es la situación sanitaria que se vive al interior del penal de Chiconautla, pues les han informado que al menos un interno estaría enfermo de covid-19. Los denunciantes exigen aplicar el programa de preliberación para quienes pueden acceder a este beneficio de ley.
Este martes, miembros de ese movimiento, encabezados por Humbertus Pérez Espinoza, acusaron no contar con información en torno a la situación que se vive en este centro penitenciario, pese a la crisis sanitaria provocada por el covid-19. Es más, dicen que sólo saben que se han realizado cambios al Centro Integral contra las Adicciones (CICA), porque hay posibles contagios por coronavirus, por ello pidieron que la Comisión de Derechos Humanos de la entidad verifique qué está sucediendo, ya que el penal vive la mayor saturación de su historia.
Pérez Espinoza acusó que a las autoridades no les interesa dejar en libertad a las personas privadas de su libertad, porque no quieren pagar costos políticos
Adicionalmente, acusaron que el Centro de Medidas Cautelares en estos momentos no está funcionando, a pesar de que tendría que ser la instancia encargada de evaluar y determinar medidas alternas a la prisión, así como la posibilidad de que personas que han cumplido el 50 y el 70% de su sentencia, o se han declarado confesos, puedan dejar la cárcel.
Pérez Espinoza también reveló que a las autoridades no les interesa dejar en libertad a las personas privadas de su libertad, porque no quieren pagar los costos políticos, además, dijo que los jueces no entienden la diferencia entre un sistema acusatorio y uno inquisitorio, y que para muchos es un negocio tener sobrepoblación en los penales: la preliberación pega en el corazón del sistema corrupto de esos centros.
Asimismo, reprochó que el gobierno de Eruviel Ávila nunca echará a andar el sistema de justicia penal oral, a través del cual debían capacitarse ministerios públicos, peritos, jueces, pues a pesar de que el Estado de México contó con más de 5 mil millones de pesos para esa tarea, esta nunca se cumplió, por lo cual es necesario fiscalizar e investigar a dónde fueron a dar los recursos o cómo se emplearon.
Pérez Espinoza dijo que está por presentar denuncias contra 9 ministerios públicos, 6 peritos, ocho policías ministeriales, dos jueces y tres magistrados, a quienes señala por haberle fabricado delitos y mantenerlo en prisión, acusado de ilícitos que no cometió. Buscará la reparación del daño y que le hagan justicia.
También señaló que su movimiento impulsará amparos y otros recursos judiciales, para obligar a las autoridades a aplicar el programa de preliberación, a fin de que aquellas personas que pueden obtener beneficios de ley puedan dejar la cárcel, con libertad condicionada, a través de los mecanismos señalados en la ley.
Humbertus Pérez Espinoza respondió a críticas que les han hecho de defender a supuestos delincuentes y advirtió que en realidad están defendiendo a personas privadas de su libertad que en muchos casos son falsos culpables
Crítico la falta de transparencia por parte de las autoridades estatales, quienes no han dado a conocer qué está sucediendo en Chiconautla y recordó que inicialmente tampoco querían aceptar brotes de hepatitis, ni los casos de covid-19, hasta que su movimiento, Presunción de Inocencia, lo denunció públicamente, por lo cual pidió que la Comisión de Derechos Humanos intervenga, pues les han confirmado que una persona del módulo 1, celda 7 está enferma de coronavirus.
Humbertus Pérez dijo que el sistema penal oral obliga a tener gente capacitada tanto en la Fiscalía General de Justicia, como en el Poder Judicial Mexiquense, pero no se ha cumplido porque los recursos destinados a aplicar el nuevo sistema penal oral no se ejercieron como debían, y han pasado doce años desde que jueces de ejecución de sentencias tendrían que haber dado celeridad a las preliberaciones, pero no lo hicieron.
Desde el año 2008, recordó, hubo un acuerdo de las autoridades donde el Poder Judicial se comprometía a capacitar a su personal, a tener jueces modernos, a contar con jueces ejecutores de sentencia, y a dar celeridad a la preliberación, pero todo se quedó en el papel.
También respondió a las críticas que le han hecho por defender a supuestos delincuentes, pues advirtió que en realidad está defendiendo a personas privadas de su libertad que en muchos casos son falsos culpables, personas a quienes les han fabricado delitos que no cometieron y por los cuales están procesados o sentenciados en los penales, en condiciones que violan sus derechos.
Anunció que ese movimiento ha sido invitado por diputados locales para trabajar en la creación de la nueva Ley de Amnistía del Estado de México y advirtió que estarán haciendo propuestas en este tema, pero también impulsando que la preliberación sea una realidad.
