La creación del Sistema Anticorrupción del Estado de México no ha generado sanciones importantes en materia de corrupción, y de hecho, la mayoría de las denuncias no han derivado en sanciones. Durante el 2019, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción mexiquense inició 4 mil 827 carpetas de investigación por posibles actos de corrupción cometidos por servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, pero sólo el 0.47% terminó con una sentencia condenatoria.
28% es la capacidad de la FGJEM para demostrar, durante la investigación, una probable violación a la ley
De acuerdo con el informe que el fiscal General de Justicia, Alejandro Gómez Sánchez, entregó a la Legislatura local, en promedio, cada día, integraron 13.22 carpetas informativas en contra de servidores públicos, de las cuales se judicializaron 444, es decir, en ellas encontraron elementos suficientes para presumir una probable responsabilidad. Sin embargo, de esa cifra sólo se logró la vinculación a proceso en 126 casos, lo que significa una efectividad de apenas el 28% en la capacidad de la FGJEM para demostrar, durante la investigación, una probable violación a la ley y la posible comisión de delitos en materia de corrupción.
El sistema no funciona
Para la expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción estatal, Palmira Tapia, ese sistema todavía no funciona como tal, pues cada institución sigue desarticulada, además falta atacar la impunidad: «Solemos hablar demasiado de corrupción, pero a veces se olvida que si no atacas la impunidad no hay un efecto disuasivo».
Es más, Palmira Tapia advirtió que no hay una solución única, pues se requiere recomponer el tejido social, denunciar ante un presunto delito, que las instituciones hagan su trabajo, pues hablar de un sistema suena bien, pero es necesario primero ir por lo elemental.
«Me parece que un componente clave del sistema anticorrupción es el aparato de justicia, es todo un proceso que empieza desde que la gente tenga incentivos y se sienta protegida para denunciar posibles actos de corrupción. Luego, pues todo el proceso para armar las carpetas y que se llegue a una decisión judicial pronta y oportuna».
Por ello, opinó, se requieren mecanismos de protección a denunciantes: garantizar el anonimato, salvaguardar los datos personales, la integridad física, entre otras cosas.
Denuncias en la impunidad
El informe de la Fiscalía General de Justicia muestra que sólo obtuvieron 23 sentencias condenatorias con 35 involucrados. Entre ellas destacan una por el delito de secuestro exprés, con 60 años de prisión; otra por 50 años de prisión; dos por homicidio con penas de 40 años y una por violación con 33 años de cárcel.
Las otras 11 sentencias fueron por el delito de abuso de autoridad, con penas que van de los cuatro a los 10 años, y una más por cohecho con un año de cárcel.
En cuatro carpetas, consideraron el no ejercicio de la acción penal por no encontrar falta alguna y 2 mil 975 casos más se fueron al archivo temporal en espera de más elementos, mientras en otras 268 se abstuvieron de investigar.
En 54 casos se turnaron los casos a otras autoridades para que conocieran de los hechos porque no correspondían al ámbito penal local.
Sanciones internas
Por otra parte, la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía inició 71 procedimientos administrativos y emitió sanción en 45 casos, donde determinó 24 separaciones, cuatro remociones y 17 suspensiones de servidores públicos.
Se concluyeron 31 expedientes más, de los cuales nueve fueron bajas por renuncia o término de contrato, 20 más se fueron al archivo por falta de elementos, uno por fallecimiento y uno por jubilación, con lo cual sumaron 76 expedientes resueltos.
También, la Fiscalía inició 234 procedimientos administrativos, aplicó 21 sanciones con las cuales separaron del cargo a cuatro agentes del MP y a tres peritos, dos remociones, ocho suspensiones; cuatro amonestaciones y concluyeron otros 95 expedientes de los cuales 45 fueron bajas voluntarias: cinco por terminación de contrato, cinco por fallecimiento y cuatro por jubilación, otros 36 casos se fueron a archivo por falta de elementos, con cual sumaron 329 expedientes en total.
