Daniel Plácido Arroyo, detenido el 5 noviembre de 2015 y sentenciado a 65 años de prisión por secuestro, en medio de violaciones al debido proceso, en diciembre del 2017, está en espera de que se resuelva un amparo directo, donde su defensa acusa, entre otras cosas, una detención arbitraria, actos de tortura y violaciones a sus derechos.
Su asunto, al igual que otros, en este momento está detenido por la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Sin embargo, su familia pide que la autoridad judicial federal valore los elementos que han aportado para demostrar que hubo una fabricación del delito.
Diferentes organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Presunción de Inocencia, entre otras, han denunciado que, en el Estado de México, sobre todo en el gobierno de Eruviel Ávila, se fabricaron culpables, pues sin investigaciones profundas y sin pruebas, los inculpados fueron aprehendidos y sentenciados para generar “estadísticas políticamente correctas”.
Ambas organizaciones coinciden en que existen y se siguen cometiendo prácticas irregulares como las detenciones arbitrarias sin órdenes de aprehensión, la tortura, incomunicación, testimonios a modo, fabricación de pruebas, por lo cual, el sistema carcelario mexiquense mantiene injustamente presas a cientos de personas.
Otras irregularidades que han denunciado son las violaciones al debido proceso, a la presunción de inocencia, el abuso de la prisión preventiva y sentencias sin pruebas.
Presunción de Inocencia, encabezada por Humbertus Pérez Espinoza, ha denunciado que cerca de un 60% de las personas de privadas de su libertad son inocentes.
En espera del amparo
Lady, hermana de Daniel Plácido, refiere en entrevista, que interpusieron un amparo directo el 23 de agosto del año pasado, ante el segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia penal, con residencia en Toluca, pero en estos momentos todo está parado por la emergencia sanitaria.
En el juicio de garantías señalan las violaciones al debido proceso: detención arbitraria, tortura, fallas y jurisprudencias de otros asuntos.
Más que tener confianza, piden que el magistrado, encargado del asunto, haga la revisión de todas las arbitrariedades que llevaron a un juez a dictar una sentencia sin pruebas en contra de su hermano. “Lo único en lo que se basa la acusación es en el dicho de una persona, sin pruebas científicas, ni técnicas, pediría a las autoridades del tribunal que hagan la revisión del caso de Daniel con estricto apego a derecho”, dice Lady
Daniel, señala, tiene confianza en que saldrá de prisión, donde lleva cuatro años cinco meses, en el penal de Santiaguito, Almoloya de Juárez, pues sabe que es inocente.
Pide revisar la plataforma Haz Valer Mi Libertad en Twitter y Facebook, donde impulsan una campaña para liberar a quienes están presos injustamente, ya que les han fabricado delitos.
Por su lado, la abogada del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Evelin López refiere que el amparo ingresó el año pasado y no hay un plazo para que se resuelva, pero consideran que existen los elementos para demostrar la inocencia de Daniel Plácido.
Incluso, enfatiza, inicialmente una juez negó la orden de aprehensión por falta de elementos, pero posteriormente otro juzgador la libró.
Presunción de Inocencia, encabezada por Humbertus Pérez Espinoza, ha denunciado que cerca de un 60% de las personas de privadas de su libertad son inocentes.
La campaña a favor de personas injustamente presas, explica, busca evidenciar que hay personas con una vida sencilla que les fue arrebatada porque los tomaron como pagadores de delitos que no cometieron.
La labor sigue por quienes están en prisión sin pruebas.
Impulsan red para exhibir fabricación de delitos
Daniel Plácido Arroyo forma parte de los testimonios presentados en la red “Haz Valer Mi Libertad” para documentar la fabricación de culpables y el uso del sistema de procuración e impartición de justicia mexiquense para aparentar eficacia y eficiencia en la resolución de delitos.
Esa red busca que se haga justicia y salgan libres quienes están en prisión por la construcción de delitos, a través de la tortura, falsos testimonios, pruebas tergiversadas y un contubernio entre Ministerios Públicos y jueces de las entidades para actuar en “juicios a modo”, cumplir “políticas públicas de relumbrón” y acallar las críticas ante la ineficacia judicial para detener delitos que laceran la sociedad.
Las organizaciones han identificado que en la fabricación de culpables se ha criminalizado la pobreza, la juventud y el ser indígena.
Incluso, el centro Zeferino Ladrillero ha advertido que el informe del Instituto Nacional de Ciencias Penales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos del 2019 arrojó que las detenciones arbitrarias constituyen una práctica común en la entidad mexiquense y en el país, como un aparente mecanismo de combate a la delincuencia.
También Amnistía Internacional, en su informe Falsas Sospechas: Detenciones Arbitrarias por la Policía en México, elaborado en 2017, da cuenta de que las autoridades suelen hacer detenciones de personas “sospechosas” sólo por ser jóvenes o integrantes de grupos que han sufrido discriminación, por ejemplo, indígenas, migrantes y personas en situación de pobreza.
